Riba-roja dará ayudas sociales a las personas necesitadas que realicen cursos de formación e inserción laboral

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha instaurado un nuevo sistema de ayudas sociales que permitirá a las personas necesitadas de este tipo de acciones acceder a las mismas y, como contraprestación, deberán participar en asociaciones y entidades locales, realizar cursos de formación e inserción socio-laboral cuyo contenido será decidido por una mesa de evaluación formada por técnicos del área de Servicios Sociales y, por último, tener "una responsabilidad social" en la gestión de las ayudas. Los criterios técnicos tendrán en cuenta la situación de cada demandante que se estudiará "caso por caso".

Las ayudas aprobadas por la Junta de Gobierno Local de Riba-roja prevén hasta la concesión de 1.200 euros como importe máximo anual para cubrir las necesidades básicas de las familias beneficiarias, destinadas a "personas físicas en situaciones acreditadas de grave necesidad que cumplan con los requisitos establecidos en las bases reguladoras" al tiempo que se detallan otras partidas.

El objetivo es conseguir una mayor responsabilidad de los usuarios de estas ayudas del ayuntamiento, si bien la realización de los trabajos comunitarios no será una condición "sine qua non" ya que será la mesa de evaluación la que se encargará de determinar la obligación o no de esta contraprestación en función de la situación social y económica de cada persona o familia demandante.

El actual equipo de gobierno de Riba-roja -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- ha suprimido el sistema de concesión de vales que instauró el Partido Popular en la localidad destinado a las familias y personas más desfavorecidas y lo ha sustituido por este sistema basado en un plan de intervención comunitaria (PIC) con el que se pretende racionalizar la concesión de estas ayudas a sus beneficiarios.

El plan de intervención comunitaria municipal tiene como eje fundamental una contraprestación social en la concesión de las ayudas basado en tres aspectos. El primero consiste en participar en un curso de formación activa de búsqueda de trabajo. El segundo eje pretende que estos beneficiarios participen en los planes y programas sociales de las entidades y las asociaciones con el objetivo de impedir la exclusión social de estas personas así como una potenciación de su inserción en la vida del municipio.

Por último, el sistema introducido por el gobierno de Riba-roja se encamina a la búsqueda de una "responsabilidad social" de estas familias en el que se incentivará el pago de los diferentes tributos, impuestos y otras obligaciones económicas, tanto con la administración local como con otras entidades públicas o privadas. En algunos casos, incluso, el ayuntamiento podrá realizar labores de asesoramiento o ayuda para renegociar las deudas de estos vecinos o conseguir una moratoria.

Un equipo multidisciplinar -formado por técnicos y empleados del ayuntamiento- se encargará de evaluar y analizar "caso por caso" todas aquellas solicitudes de personas que quieran conseguir algunas de las ayudas que el equipo de gobierno de Riba-roja ha previsto conceder a partir de ahora a las personas más necesitadas y elegirá la mejor de las tres acciones previstas en el plan de intervención para cada uno de ellos.

Así, entre las ayudas destacan un máximo de 1.200 euros anuales por cada unidad familiar para cubrir necesidades básicas, gastos de alquiler de vivienda con un máximo de 2.400 euros anuales y otros 900 euros como máximo para los suministros del hogar: consumo de agua, luz y gas. El plan de ayuda social aprobado por el gobierno local también centra su atención en ayudas para la compra de leche infantil con un máximo de un bote cada quince días durante un periodo de seis meses y, por último, ayudas para prótesis visuales por un importe máximo de 150 euros anuales.

Estas ayudas se complementan con otras como el transporte por un importe máximo de 600 euros anuales, gastos farmacéuticos por otros 250 euros anuales, alojamiento temporal por 1.200 euros anuales, atención de necesidades en centros especializados por otros 600 euros al año como máximo, adaptación del hogar para situaciones de emergencia por 1.200 euros anuales y, por último, las ayudas polivalentes en función de las necesidades de cada familia a razón de 500 euros anuales como importe máximo.

El equipo de gobierno de Riba-roja ha subrayado que este sistema "modifica el antiguo asistencialismo que predicaba el Partido Popular por un nuevo concepto de intervención comunitaria en el que las personas que accedan a estas ayudas tengan el compromiso de devolver a la sociedad parte de lo que, previamente, han recibido para que comprendan que no se trata de servicios ilimitados".

El gobierno local ha añadido que al mismo tiempo "ponemos al alcance de estas personas todas aquellas herramientas posibles que les hagan ser capaces en un futuro de tener una independencia para generarse sus propios recursos económicos; vamos a actuar con flexibilidad y con un absoluto rigor a la hora de estudiar cada caso que nos llegue al ayuntamiento en función de su situación y de sus necesidades".