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Riba-roja, Cheste y Loriguilla se asocian para ofertar más de 8 millones de m² de suelo industrial

Riba-roja, Cheste y Loriguilla se asocian para ofertar más de 8 millones de m² de suelo industrial
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    El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado su unión con las vecinas localidades de Cheste y Loriguilla para formalizar una asociación de municipios vinculados al área logística industrial de la A3 con el objetivo de ofertar más de 8 millones de metros cuadrados de suelo industrial que permita constituirse en uno de los núcleos económicos más importantes de la Comunitat Valenciana. El pleno dio luz verde a los estatutos que regularán la citada unión y a los trámites para la creación de la asociación.

    La aprobación de esta iniciativa fue posible gracias a los votos del equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- así como de Ciudadanos mientras que el Partido Popular y Riba-roja Pot optaron por la abstención.

    El objetivo de la iniciativa política pasa por "concienciar sobre la importancia de unir los tres municipios de cara a la creación de una gran área industrial de tal forma que se aúnan esfuerzos para convertirse en un referente a nivel nacional e internacional". Para ello, se redactarán unos estatutos básicos de funcionamiento para articular actuaciones y programaciones conjuntas de acuerdo a la legislación vigente.

    La unión de los tres municipios, unidos por su cercanía geográfica y sus intereses económicos comunes, permitirá mejorar los polígonos industriales existentes, su posicionamiento como zona logística complementaria al área metropolitana gracias a su conexión con el aeropuerto, la autopista 7, la nacional III y el puerto de Valencia, entre otras infraestructuras. En el punto de mira se halla "la activación de la economía y el desarrollo de proyectos de empleo que favorezcan la inserción de desempleados y la obtención de ayudas y subvenciones de las administraciones".

    Se prevé la elaboración de un plan estratégico de desarrollo económico industrial del área en el que los municipios firmantes se comprometen a mejorar el uso responsable del suelo participando en la creación y mantenimiento de las infraestructuras existentes, la formulación de propuestas en el conjunto del entramado industrial de la zona, promover la participación de todos los agentes implicados como asociaciones de empresarios o propietarios de terrenos, la puesta en marcha de medida para fomentar la implantación de empresas en la zona, realización de campañas y actividades de mejora, planes de conservación y restauración de espacios y búsqueda de inversiones públicas, entre otros.

    Una de las primeras medidas adoptadas por esta unión de ayuntamientos ha sido la solicitud al Ministerio de Fomento de inversiones para mejorar las comunicaciones entre los polígonos industriales y las carreteras de acceso a la autopista A-7 y la nacional III, con el objetivo de multiplicar el flujo de mercancías con destino a otros países europeos y hacia el sur del mediterráneo, complementado con la necesidad de construir el anhelado corredor, reclamado también por la Generalitat y las asociaciones empresariales.

    El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria ha calificado de "iniciativa extraordinaria" la unión con los otros dos municipios vecinos "al permitir generar las sinergias oportunas que permitirán la creación de un área de enorme impacto económico ya que estamos situados en un enclave estratégico a pocas horas de ciudades como Madrid y Barcelona y al mismo tiempo reducimos notablemente las distancias con el resto de ciudades europeas".

    El gobierno local ha destacado "el impulso que hemos ofrecido al tejido empresarial ubicado en los polígonos tras años de abandono y marginación y, por ello, en esta legislatura este sector se ha convertido en estratégico para la reactivación económica y por tanto, la creación de puestos de trabajo en nuestra localidad gracias al millón de euros que hemos invertido en el último año en materia de infraestructuras y equipamientos para la industria".

    La empresa Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, y la Universidad Politécnica de Valencia realizarán un estudio conjunto y una diagnosis sobre este área industrial, en un convenio financiado al 50% entre los ayuntamientos firmantes y el organismo provincial.

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