4 de agosto de 2020 4/8/20

El TSJ ratifica la anulación de la plaza de intendente de la policía local de Riba-roja de Túria creada meses antes de las elecciones de 2011 junto a una subida salarial ilegal

El TSJ ratifica la anulación de la plaza de intendente de la policía local de Riba-roja de Túria creada meses antes de las elecciones de 2011 junto a una subida salarial ilegal - (foto 1)
  • El Abogado del Estado recurrió la creación de diversos puestos de trabajo

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El TSJ ratifica la anulación de la plaza de intendente de la policía local de Riba-roja de Túria creada meses antes de las elecciones de 2011 junto a una subida salarial ilegal - (foto 2)
El TSJ ratifica la anulación de la plaza de intendente de la policía local de Riba-roja de Túria creada meses antes de las elecciones de 2011 junto a una subida salarial ilegal - (foto 3)

La sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha ratificado la anulación de la plaza de intendente principal de la policía local del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria que creó el Partido Popular en el año 2011 meses antes de las elecciones. El tribunal admite así el recurso de apelación interpuesto por el consistorio contra una sentencia anterior en la que estimaban el recurso del empleado que ganó la citada plaza.

Los hechos que originaron este fallo judicial arrancan en febrero del año 2011 cuando el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, gobernado entonces por el ex alcalde Francisco Tarazona, del PP, creó pocos meses antes de las elecciones municipales la plaza de intendente, así como otras cinco plazas municipales además de decretar una subida salarial media del 3’2%, muy superior al 0’3% que fijaba el índice de precios al consumo (IPC) para todos los trabajadores.

El Abogado del Estado recurrió la creación de las seis plazas de funcionarios, así como el presupuesto y la relación de puestos de trabajo (RPT) que creó el entonces gobierno de Partido Popular en el año 2011 al entender que todas estas decisiones no estaban justificadas y contravenían algunas de las disposiciones contempladas por el gobierno central en materia presupuestaria y laboral.

Sin embargo, el aspirante que ganó la plaza empezó a ocuparla en el año 2012 hasta que en enero del año 2015 solicitó una comisión de servicios para desempeñar la misma categoría profesional en el vecino municipio de Manises en calidad de comisión de servicios que se prolongó hasta enero de 2016, fecha de vencimiento de la citada comisión de servicios.

El equipo de gobierno progresista de Riba-roja de Túria del año 2016 –formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- se opuso al entender que una sentencia del Tribunal Supremo anulaba en una sentencia la citada plaza profesional, así como la subida salarial muy por encima del IPC vigente en aquellos momentos junto a la creación de diversos puestos de trabajo en el consistorio.     

El Tribunal Superior de Justicia afirmaba en una sentencia del 29 de febrero de 2016 que la amortización de la plaza de intendente principal en Riba-roja de Túria “cumple el fallo que tuvo lugar referido a dicha plaza” y subraya que “carece de soporte jurídico que el interesado disfrute de una plaza y ocupe un puesto de trabajo inexistentes con arreglo a derecho y que ya se habían amortizado”.

No obstante, en octubre del año 2017 el mismo Tribunal Superior de Justicia valenciano estimó el recurso interpuesto por el interesado contra la presunta denegación del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria interpuesto contra la denegación de readmitirlo en su puesto, así como contra un acuerdo de la Junta de Gobierno Local que no se pronunció sobre la citada petición.

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria interpuso un recurso de apelación contra el citado pronunciamiento del TSJ valenciano que reconoció que el recurrente tenía derecho al reingreso en el puesto de trabajo y a las percepciones correspondientes “desde la fecha de la solicitud”. Sin embargo, ahora el mismo TSJ vuelve a ratificar la posición del consistorio y rechaza las peticiones del demandante a quien concede la posibilidad de recurrir esta sentencia ante la sala contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha manifestado la satisfacción “del equipo de gobierno que viene a ratificar la postura mantenida desde un primer momento ya que en el año 2011 el Partido Popular no realizó una buena gestión en materia de presupuestos y personal como así lo han avalado los tribunales ya que se incumplía el principio de legalidad que un gobernante debe aplicar siempre”. 

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