El pleno reclama una inversión de 6'7 millones de euros a una promotora por un PAI inacabado
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una resolución del equipo de gobierno en la que concede un ultimátum a la promotora del programa de actuación integrada (PAI) de Pacadar, consistente en la construcción de 550 viviendas en formato vertical junto al área oeste del casco urbano, para que en un plazo máximo de un mes constituya una garantía por valor de 337.675 euros correspondiente a la obligación de urbanizar la zona por un montante de 6'7 millones.
El acuerdo plenario ha sido ratificado con los votos del equipo de gobierno -PSPV, Compromís y Esquerra Unida-, más Ciudadanos y la abstención del Partido Popular y Riba-roja Pot, en el que se prevé, además, rechazar el recurso de reposición de la empresa mercantil en contra de la decisión de iniciar el proceso para la resolución del convenio bilateral firmado en el año 2005 bajo gobierno del Partido Popular.
La actuación urbanística suponía convertir en residencial el suelo industrial afectado tras el traslado de una empresa dedicada a la fabricación de vigas hasta la vecina localidad de Buñol y, por tanto, la adjudicataria estaba obligada a cumplir una serie de requisitos: traslado de la antigua empresa y desalojo de los terrenos, cesión de 27.455 metros cuadrados de terrenos al ayuntamiento y el pago de una compensación de 1'4 millones de euros, todos ellos ya ejecutados.
Sin embargo, a día de hoy todavía falta el cumplimiento de urbanización de los terrenos con un valor de 6'7 millones de euros que debía estar acabada desde abril de 2013, la entrega de una parcela edificable urbanizada y, por último, otra entrega de una planta baja comercial de 2.000 metros cuadrados que se debería haber concluido en el año 2015. Su ausencia priva al Ayuntamiento de Riba-roja de disponer de un bien patrimonial valorado en una renta anual de 96.000 euros, una cifra que el gobierno local exige como indemnización anual desde abril de 2015 hasta el momento de la entrega de las mismas.
El equipo de gobierno considera que existen razones fundadas para la "resolución" del convenio entre ambas partes ya que desde el año 2010 no se ha producido ningún avance en la construcción de este proyecto y, además, desde el año 2013 la mercantil tampoco abona al ayuntamiento los correspondientes impuestos de bienes inmuebles (IBI) de las parcelas afectadas.
El pleno del ayuntamiento instó el 14 de diciembre de 2015 a la mercantil a aportar en el plazo de un mes un plan de trabajo sobre la finalización de las obras y la constitución de unas garantías sobre las mismas. Sin embargo, esta empresa se halla actualmente en situación concursal y, por tanto, aduce esta razón para explicar la falta de respuesta a las reclamaciones municipales.
Un informe de la secretaria y del arquitecto municipal reconoce que el ayuntamiento de Riba-roja "es consciente de la situación de crisis general e inmobiliaria en particular y, por ello, ha sido y es flexible en cuanto a los plazos de cumplimiento de las obligaciones del urbanizador" si bien advierte de que el interés por finalizar la actuación urbanística "lo debe demostrar la mercantil con algún acto concreto y tangible que desde 2010 no se ha producido".
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha afirmado que esta actuación "es el ejemplo de los desmanes y desastres urbanísticos heredados de la gestión del Partido Popular que no perfiló y negoció correctamente los convenios con las empresas privadas" y ha lamentado "el escaso apoyo demostrado por el Partido Popular como máximo responsable muñidor del plan urbanístico y de Riba-roja Pot que prefiere continuar con su pinza política con el PP antes que luchar por el interés de los ciudadanos".
Según Raga, el ayuntamiento "ha actuado con absoluta firmeza y transparencia en la defensa del patrimonio municipal por un embrollo urbanístico que se retrasa ya más de cuatro años sin que hasta el momento se haya producido ningún tipo de avance".
