Riba-roja se incauta de un aval de 1'9 millones por incumplir el PAI Mas de Baló

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado la incautación de un total de 1'9 millones de euros del aval correspondiente al programa de actuación integrada (PAI) polígono Mas de Baló que en el año 2002 promovió la familia del ex presidente del Valencia Juan Soler para construir un polígono industrial y que se halla paralizado por parte del agente urbanizador desde hace más de un lustro por la crisis económica y urbanística.

El acuerdo plenario advierte en su resolución, a partir de los informes técnicos municipales, los reiterados incumplimientos del agente urbanizador en un plan dotado de 500.000 de metros cuadrados de los que la familia del ex presidente del Valencia Juan Soler compró al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria los 50.000 metros cuadrados correspondientes al 10% del excedente de aprovechamiento, por un valor de 116 euros el metro cuadrado -5'8 millones de euros en total- pagados por su carácter de suelo agrícola protegido. La venta de los excedentes se realizó sin subasta ni concurso público.

Sin embargo, en menos de un año, los terrenos multiplicaron su valor económico en más de un 300% al pasar de los 116 euros el metro iniciales a los 350 euros, lo que supuso plusvalías de hasta 12 millones, ya que los 5'8 millones del valor total del suelo del principio pasaron hasta los 17'5 millones de euros al final tras el proceso de recalificación de los mismos, de suelo agrícola protegido a terreno industrial.

A lo largo de este periodo de tiempo, el agente urbanizador -la familia del ex presidente del Valencia Juan Soler- no ha llevado a cabo las obligaciones que debía cumplir en tal condición, como son la finalización de las obras de construcción de una depuradora de aguas para dar servicio al polígono industrial así como su puesta en marcha, una carretera de acceso desde esta zona a la Nacional III y, por último, el soterramiento de la línea de media tensión que cruza los terrenos de los que está compuesto este plan urbanístico.

De hecho, el pleno del vecino municipio de Loriguilla aprobó a principios del año 2014 una resolución en la que exigía el citado soterramiento ya que supone un enorme peligro para la salud ya que esta línea también abastece a sus habitantes. Uno de los ramales de la línea de media tensión que cruza por el PAI Mas de Baló se bifurca en dirección al pozo de Loriguilla. Por tanto, la seguridad de la línea es de obligado cumplimiento para garantizar el abastecimiento de un bien de primera necesidad público.

La resolución aprobada por el pleno de Riba-roja supone el rechazo a una retasación de las cargas y propone la liquidación de cada uno de los tres programas urbanísticos de los que consta el polígono. Entre ellas cabe destacar los daños y perjuicios ocasionados al consistorio, fijados 1.275.482 euros entre las tres unidades de ejecución previstas. Para ello, se incautan los 1'9 millones de euros del aval bancario que permitirá cumplir todas las actuaciones pendientes y resarcir el daño provocado.

El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- considera que la incautación del aval bancario "es la consecuencia de la nefasta política urbanística que promovió el Partido Popular durante año y que ahora nos vemos obligados a solventar para proteger los intereses de nuestros ciudadanos y con el objetivo de terminarlo para que en el menor tiempo posible se pueda ofertar suelo para la instalación de nuevas empresas e industrias que permitan la creación de empleo y puestos de trabajo".