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CSI•F advierte de la saturación del Archivo Territorial

  • Reclaman la convocatoria urgente de la Junta de Expurgo para decidir qué documentos pueden ser destruidos

El sindicato CSI·F ha instado tanto a la Dirección General de Justicia como al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana a que convoquen la Junta de Expurgo. Este órgano decide qué expedientes pueden ser destruidos del Archivo Territorial. El sindicato reclama una reunión urgente debido a que la saturación actual en este archivo provoca que no admita ya más expedientes de los partidos judiciales, lo que, a su vez, provoca el colapso de estos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) reclama, en su escrito, que “se articulen los mecanismos oportunos para que la Junta de Expurgo actúe de forma eficiente, se atenga a los que preceptúa el Decreto de Archivos 937/2003 de 18 de julio y, al menos una vez al año, determine los expedientes que deben ser eliminados”, normalmente porque ya han prescrito o se ha cumplido la sanción dictaminada.

CSI·F explica que el Archivo Territorial, ubicado en la localidad de Ribarroja, no está recogiendo los expedientes de los juzgados por falta de espacio, con el peligro de colapso de los juzgados que supone. La central sindical sostiene que “parte de este problema se debe a la falta de diligencia de la Junta de Expurgo, que es el órgano colegiado que tiene como finalidad la eliminación de expedientes o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la administración competente en materia de patrimonio histórico”.

El sindicato, en esta coyuntura, reclama que la Junta de Expurgo cumpla la normativa y se reúna o que Conselleria de Justicia habilite un archivo nuevo, ya que el actual se encuentra saturado. Además, urge a adoptar una decisión rápida ya que “se está produciendo una acumulación de papel en pasillos, mesas, estanterías y vías de evacuación en los órganos judiciales que conforme pasan las semanas resulta más grave”.

CSI·F recuerda que la Junta de Expurgo está conformada por un fiscal designado por el TSJCV, un gerente territorial asignado por el Ministerio de Justicia, un técnico superior especialista en archivos, un titulado superior de Administración y un secretario judicial.

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