28 de febrero de 2020 28/2/20

Respuesta a las declaraciones de las secciones sindicales de FSP-UGT y CSI-CSIF en los medios de comunicación

    Ante las declaraciones de los sindicatos UGT y CSIF publicadas por los medios de comunicación, la Concejalía de Personal desea hacer una serie de desmentidos y puntualizaciones, con el objeto de que los ciudadanos dispongan de una información veraz para valorar la gestión del equipo de gobierno.

    Los representantes sindicales hacen referencia a unos  “aumentos mensuales de alrededor de 600 euros, además de los tantos por cien que establece anualmente la ley”. Entendemos que esta afirmación se refiere a los aumentos de retribuciones de la anterior legislatura, en el año 2003. Como ya se explicó en su momento, se hicieron los cálculos oportunos para que los ediles liberados percibiesen unas retribuciones similares a las de su anterior desempeño laboral. Sobre las subidas anuales, cabe recordar que en el presente año se han congelado las retribuciones de los concejales, no aplicándose el 2% de subida que correspondía.

    Sorprende a los sindicatos también que las retribuciones del “Alcalde, el concejal de Personal y el de Urbanismo, le suponen al Ayuntamiento un coste anual –total, incluida la cotización a la Seguridad Social- en gastos salariales en torno a los 137.000 euros”. Se trata, sin embargo, de una cifra razonable, que no se corresponde en la mayoría de casos con las cifras de otras localidades con similar número de población. Estos datos pueden ser comprobados personalmente por cualquier ciudadano, ya que trata de una información de dominio público.

    Critican también UGT y CSIF “que se haya contratado a dedo a una secretaria personal del Alcalde, que le cuesta anualmente al Ayuntamiento 27.000 euros”. En primer lugar, hay que aclarar que no se trata de una contratación a dedo, ya que eso supondría la manipulación de un concurso convocado para la adjudicación de dicha plaza, siendo por tanto un delito. La contratación de personal de confianza está avalada por la Ley de Bases de Régimen Local, dentro de la categoría de personal eventual. No obstante, si los sindicatos creen que la contratación es ilegal, deberían recurrirla.

    Por otro lado, tal y como explicamos en su momento,la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento determina que hay dos plazas laborales incluidas en el Departamento de Secretaría de Alcaldía: una de jefe de departamento y otra de auxiliar administrativo. Es decir, los mismos puestos que había al llegar el PSOE al gobierno municipal en el año 2003. Previamente a esta contratación, sólo estaba cubierta la plaza de auxiliar administrativo, por situación de excedencia de la jefa de Departamento. La contratación aprobada en Pleno para dotar al Departamento de las dos plazas que son necesarias para su correcto funcionamiento, supondrá un ahorro de 1.561,79 euros anuales con respecto a la dotación presupuestaria prevista en la RPT, teniendo en cuenta las retribuciones en concepto de antigüedad de las personas que lo integran.

    En cuanto al jefe de prensa, que según los sindicatos “cuesta 29.000 euros”, cabe mencionar en primer lugar que las cifras son inexactas, siendo inferiores al dato que apuntan UGT y CSIF. Por otro lado, las atribuciones propias del Jefe de Área de Comunicación y Prensa son más amplias que las referidas exclusivamente a la remisión de información a los medios de comunicación y el contacto diario con estos. Entre otras cuestiones, se encarga de la redacción y maquetación del Boletín de Información Municipal, del desarrollo de las estrategias de comunicación publicitaria municipal o de la supervisión y actualización de contenidos de la página web municipal.

    Sobre el coste anual de las asistencias a plenos y comisiones de los miembros no liberados de la corporación, entendemos que es una crítica que carece de sentido. Las dietas por estos conceptos, ya fijadas, son módicas, y en absoluto responden a los sacrificios que realizan los concejales, aun cuando no estén liberados o no ejerzan responsabilidades de gobierno.

    También hacen referencia FSP-UGT y CSI-CSIF a las contrataciones en fraude de ley, asegurando que algunas de ellas “provenían de la anterior época socialista”. De los 25 casos que se produjeron, únicamente uno data de esa etapa, concretamente del año 1991..

    No menos sorprendente resulta la alusión a la consolidación de empleo municipal, que fue acordada en la Mesa General de Personal Funcionario y Laboral, con presencia de los sindicatos durante todo el proceso, que incluso participaron en los tribunales de selección de personal. Si tienen alguna queja sobre este proceso, cosa que nos extraña pues se trataría de la primera ocasión en la que se manifiestan de esa manera, deberían entender que son corresponsables del mismo.

    Por último, la Concejalía querría manifestar su voluntad de que las discrepancias en material de Personal se resuelvan en las mesas y reuniones oportunas. La forma de avanzar en la dirección correcta de la negociación es hacer planteamientos razonables en estos foros por parte de las organizaciones sindicales. Si en cambio acuden a los medios de comunicación para realizar declaraciones intencionadamente inexactas cuando no abiertamente falsas con el objeto de presionar al gobierno municipal para cumplir sus objetivos, el resultado será nulo.

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