Un informe municipal detecta un 20% de sobrecoste injustificado en la tarifa del agua potable de Quart de Poblet
El Pleno del Ayuntamiento de Quart de Poblet aprobó por unanimidad, en su sesión de 23 de febrero, la propuesta de las conclusiones del informe, que exigen a la empresa concesionaria la devolución de 449.304 € por “enriquecimiento injusto”
La empresa concesionaria del servicio de agua potable de Quart de Poblet, tiene un mes de tiempo para devolver los cerca de 450.000 euros que según un informe habría imputado en exceso en sus cálculos para fijar la tarifa que pagan los usuarios del servicio. Este importe supone un incremento injustificado del 20% sobre el importe que se considera adecuado a instancias municipales y que ahora habrá que contradecir con la empresa. Esta incidencia corresponde a la tarifa presentada para 2020 y queda abierta la fiscalización de los años anteriores desde 2010, inicio de la concesión a la empresa privada de la gestión anteriormente municipal y pública.
Compromís Quart había reclamado reiteradamente, sin éxito, la fiscalización del contrato al interpretar que se aplicaban costes no adecuados que ahora han quedado patentes que había que aclarar. El informe, realizado por la asesoría técnica que controla el desempeño del contrato de la concesionaria, ha puesto de manifiesto un desequilibrio económico entre los costes presentados por la empresa que sirvieron para establecer la tarifa el agua en 2020 y los costes reales según el contrato que determinaría que los precios pagados por los usuarios habrían sufrido un incremento del 20% de manera incorrecta.
Conocida la auditoría, el Pleno del ayuntamiento acordó por unanimidad “exigir a la concesionaria del servicio, el pago de la cantidad de 449.304,86 euros, correspondientes a la diferencia de costes entre lo presentado en el estudio económico para la determinación de la tarifa y lo calculado por el Ayuntamiento de Quart de Poblet” . Y concluye que “ se concede un plazo de ingreso de 1 mes, sin perjuicio de los recursos que procedan”.
El grupo municipal Compromís, que reiteradamente desde 2016 había pedido la comprobación de las tarifas presentadas por la concesionaria para verificar su adecuación, ha mostrado su conformidad a la tramitación. Para Rosa Maria García, portavoz de Compromís, “aquello que tendría que haber sido una actuación ordinaria cada año, tendrá que hacerse extensivo a los años anteriores para comprobar la ejecución del contrato más importante del ayuntamiento. Cuando el equipo de gobierno del PSOE decidió que el servicio de agua pasaba a manos de una empresa privada había que ejercer un control adecuado sobre los costes que proponen para determinar la tarifa. Que haya una desviación del 20% no es normal y hay que aclarar esta situación con urgencia”.
