Compromís Quart se congratula de que el equipo de gobierno esté auditando el coste real del agua desde 2010.
Compromís iniciará una campaña facilitando a los usuarios los trámites necesarios ante el Ayuntamiento para la devolución del importe cobrado indebidamente, en caso de recuperación del exceso facturado por la empresa concesionaria
El pleno del ayuntamiento de Quart de Poblet, celebrado el pasado martes día 28, ratificó la voluntad manifestada con anterioridad en el mes de febrero, de fiscalizar el coste real del servicio del agua imputado desde el inicio del contrato en 2010 que ha servido para calcular las tarifas que pagan los cerca de 10.000 abonados de la población.
Solo de la liquidación realizada de 2018 se desprendía un 20% de sobrecoste, 449.304,86 € que han sido reclamados a la empresa, y que desde febrero no ha hecho el ingreso correspondiente. Con el antecedente del año 2018 es previsible que el sobrecoste cobrado desde 2010 pueda suponer una parte muy significativa del recibo del agua que en la actualidad, incluyendo impuestos y la tasa Tamer, asciende a una media de 90 euros bimensuales por abonado.
Compromís Quart ha venido denunciando la falta de control efectiva de la contrata de agua desde 2014, reclamando las liquidaciones anuales del servicio para comprobar el coste real y no el estimado en el presupuesto. Al no realizarse las oportunas fiscalizaciones podría existir un desequilibrio a favor de los abonados próximo al 20% de la tarifa pagada, siguiendo los indicios del único año auditado por una empresa especializada.
A esta situación se suma el Plan de Control de Vertidos, gestionado igualmente por Aguas de Valencia S.A. desde 2016, y del cual la empresa que asesora el Ayuntamiento advierte que “no está cumpliendo las condiciones presentadas en su oferta”.
La portavoz del grupo municipal Compromís en el ayuntamiento de Quart de Poblet Rosa María García ha reclamado la fiscalización de 2019 y 2020 y un esfuerzo urgente para auditar los años anteriores, no perjudicar la posición municipal en el contencioso y facilitar el retorno de lo cobrado de más a los vecinos afectados.
