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El PSPV “consigue unanimidad para que se reconozca y establezca un calendario de pagos de la deuda que la Generalitat mantiene por ayudas concedidas a la vivienda”

    El grupo socialista en la Diputación de Valencia ha conseguido en el pleno de la corporación provincial, que ha tenido lugar esta mañana, la unanimidad de todos los grupos una moción en defensa de aquellos ciudadanos afectados por los impagos de la Generalitat de las ayudas de la vivienda. En este sentido, los socialistas han exigido en su propuesta que “se dote de reconocimiento contable la deuda contraída por las ayudas para la adquisición, alquiler y rehabilitación de vivienda” y, al mismo tiempo, que “se establezca un calendario de pago razonable para que se abone esta cantidad a los ciudadanos”.

    El diputado responsable de defender esta moción ha sido José Ruiz, quien ha destacado que “se trata de proteger el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna”, por lo que ha destacado su satisfacción ante el respaldo de todos los grupos, incluido el PP. Así, ha incidido en que “lo que pretendemos es pedirle a la Generalitat que pague los 137 millones de ayudas a la compra de vivienda que debe en estos momentos; 3,5 millones de ayudas al alquiler y 77 millones en ayudas para la rehabilitación de viviendas”.

    Del mismo modo, ha hecho hincapié en que “afecta a 28.000 familias, que siguen pendientes de que la Generalitat reconozca esta deuda y establezca un calendario de pagos”, al tiempo que ha insistido en que “nos hemos llevado una agradable sorpresa al contar con el apoyo del grupo popular en la Diputación, lo que supone que nos unimos todos en esta corporación municipal para pedirle al Consell que pague sus deudas con las familias valencianas”.

    Ley de Régimen Local

    Por otro lado, el grupo socialista en la Diputación ha defendido una moción para instar a la derogación de la recién aprobada Ley de Administración Local. De hecho, tal como ha remarcado el portavoz del PSPV-PSOE, José Manuel Orengo, “cuando era un anteproyecto ya nos manifestamos en contra, puesto que convierte en culpables a aquellos que no tienen culpa de la situación, como son los ayuntamientos, maltrata a los municipios y ataca la autonomía local”. Así, ha incidido en la Diputación “debería ser una firme defensora del municipalismo” y ha apuntado que “ahora esta ley ya ha entrado en vigor y lo ha hecho de la peor forma que podía: con vergüenza y a trozos”.

    De hecho, ha señalado que “nada más entrar en vigor ha empezado a dar problemas, hasta el punto de que la propia Diputación ha tenido que organizar unas jornadas para aclarar algunos de sus aspectos, entre ellos los problemas competenciales”. En este sentido, ha destacado que “declara competencias impropias de los ayuntamientos cosas como la OMIC, las políticas sociales, las escuelas infantiles o incluso los programas de empleo”.

    Orengo ha subrayado que “los socialistas reconocemos que somos unos insumisos de esta ley dentro de ella, lo que significa que haremos tantas interpretaciones dentro de la ley como sean necesarias para que no tenga efectos sobre los ciudadanos” y ha insistido en que “no nos gustan las leyes que identifican mal los problemas y que castigan a los pueblos y ciudades, y no a los malos gestores”. Además, ha recordado que esta ley “cuenta con la oposición de casi todo el arco parlamentario, así como la de casi todos los pueblos y ciudades de España, por lo que pedimos que la Diputación se pronuncie a favor de su retirada para que se vuelva a legislar a favor de las personas”.

    Sin embargo, el PP ha votado en contra de esta propuesta, a lo que el portavoz socialista ha apuntado que “me sabe mal que tengan que votar algo distinto a lo que realmente piensan, algo que parece haberse convertido en una seña de identidad en el PP últimamente”.

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