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Diputación asesora a los municipios que han denunciado la reforma de la norma que regula las inundaciones

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Justicia -  pvalencia
07/07/2017 | elperiodic.com  

Diputación asesora a los municipios que han denunciado la reforma de la norma que regula las inundaciones

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El área de Asesoramiento Municipal de la Diputación de Valencia ha comenzado a prestar asistencia técnica a 9 de los 16 municipios de la provincia que han interpuesto una demanda ante el Tribunal Supremo, y que ha sido admitida a trámite, por la reforma del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, un texto que desde el área señalan que contiene "condiciones muy rigurosas y aspectos de difícil cumplimiento e interpretación".

Según los técnicos de la Corporación provincial, la nueva legislación (RD 638/2016, que modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico), ocasiona serios problemas en su aplicación, tanto en lo que se refiere a los nuevos usos urbanísticos como residenciales, entrando en conflicto con planeamientos urbanísticos ya aprobados en áreas afectadas por riesgo de inundación, aunque ésta sea de muy baja probabilidad.

Por ello, la institución provincial, en su función de asistir a los municipios y de trabajar "codo a codo" con los ayuntamientos, ha estado apoyando y coordinando en todo momento a los equipos municipales que han tenido que enfrentarse y reaccionar ante este problema. Para realizar este trabajo se ha contado con la colaboración del Instituto de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de València.

Un apoyo que comprende el informe técnico, con dictamen pericial, y que acompaña a la parte jurídica de la demanda interpuesta, así como un documento complementario de análisis, con la enumeración de discordancias, así como sugerencias que se deberían tener en cuenta respecto a la cartografía de peligrosidad de inundación del Sistema Nacional de Zonas Inundables.

Una acción, de la que desde el área de Asesoramiento Municipal de la Diputación de Valencia señalan que se beneficiarán no solo los municipios valencianos que han interpuesto la demanda, sino todos los de España, que son cientos, y que se encuentran afectados por este Real Decreto Estatal, publicado en el BOE el pasado 30 de diciembre de 2016.

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