Ábalos: “No nos preocupa tanto la posible inculpación de Barberá, sino que se cumpla la Ley de Memoria Histórica”
El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, José Luís Ábalos, ha destacado hoy que “no nos preocupa tanto la posible inculpación de la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que no es nuestro objetivo, sino el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica”. Así, ha hecho hincapié en que todo cargo público debe cumplir y velar por el cumplimiento de la ley “gusten o no gusten”, al tiempo que ha recordado que a Barberá “es evidente que esta ley le disgustaba y siempre ha mantenido una actitud abiertamente hostil, de desprecio”. “”No queremos inculpar a nadie, ni que esto suponga sanciones penales, nuestro propósito es que los cargos públicos cumplan esta ley y no haya reconocimientos ni honores a quienes procuraron el mayor episodio de sangre en este país, porque es indignante que todavía tengamos esto, que es impensable en cualquier otro país demócrata”, ha insistido.
En este sentido, Ábalos ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para dar seguimiento de las iniciativas puestas en marcha para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y el borrado de vestigios que tengan que ver con el alzamiento, sublevación y la dictadura franquista de la provincia de Valencia. En este sentido, ha recordado que se presentaron sendas denuncias a la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al arzobispo de Valencia.
Con respecto a la noticia que se ha conocido esta mañana sobre la causa contra la ex alcaldesa, el abogado Eduardo Ranz ha explicado que, en un primer momento se presentó una denuncia contra Barberá en el Tribunal Superior de Justicia que fue archivada al entenderse que no había aforamiento y no era competente. Días después esta denuncia se presentó ante el Juzgado de Instrucción de Valencia, mientras que ahora la sala del TSJ ha dado traslado al Ministerio fiscal y a la denunciada para que se pronuncien sobre el aforamiento. Además, ha recordado que se acusa a la ex alcaldesa de delito de desobediencia y de falta contra el orden público, y que estas acciones “están encaminadas a retirar la simbología franquista de los municipios, no a eliminar al político”. Ahora, una vez se pronuncie el ministerio fiscal, la sala del TSJ aclarará si tiene competencia para juzgar.
Por otro lado, en el caso del arzobispado, se les acusa de delito contra la independencia del Estado, “pero se trata, igualmente, de eliminar la simbología y no de eliminar a nadie”.
Municipios pendientes de cumplimiento
El secretario general de la provincia de Valencia ha aportado una relación de municipios a los que se han dirigido para ejercer este derecho de petición. Al mismo tiempo, ha subrayado que en algunos de ellos “hemos encontrado ya respuestas muy positivas”, como es el caso de Quesa o Canals, al tiempo que ha remarcado que “no se trata de ir contra nadie sino de que se cumpla la ley”. Así, ha recordado que, en los últimos años, el PP “está apelando a que la ley se cumpla de forma estricta en determinadas cuestiones que a ellos les interesan, pero parece que no todas las leyes les merecen el mismo nivel de respeto y cumplimiento”. De hecho, ha apuntado que, desde 2007, “ha pasado suficiente tiempo como para que se obedezca en todos los lugares que se ven afectados”.
En concreto, tal como ha apuntado el secretario de Memoria Histórica socialista, Matías Alonso, ha destacado que se presentaron una serie de denuncias y derechos de petición dirigidos a determinados ayuntamientos como inicio de un proceso para la retirada de estos vestigios franquistas. Ahora se han conseguido aportar ocho municipios más, lo que supone un total de 21 casos, en las localidades de Ademuz, Algemesí, Alpuente, Benissanó, Bétera, Canals, Cotes, Foios, Pobla de Vallbona, Llíria, Loriguilla, Náquera, Quart de Poblet, Quesa, Rafelbunyol, Torrent, Tous, Xiva y La Yesa. “A estas alturas ningún demócrata debe permitir que sigan permaneciendo símbolos o reconocimientos franquistas en lugares públicos, dando una pátina de normalidad a lo que no debería serlo”, ha destacado Alonso, mientras ha hecho referencia a calles dedicadas al propio aviador Franco, “que mató a valencianos y valencianas bombardeando municipios desde su avión”.
Por su parte, el abogado Eduardo Ranz, ha señalado que se han presentado una serie de derechos de petición ante la Diputación de Valencia sobre estos municipios y se ha ampliado el ya existente sobre la ciudad de Valencia al conocerse nuevos vestigios. Ahora, en un plazo de 45 días, los municipios deben responder si están o no dispuestos a su retirada. Posteriormente, las administraciones locales tendrán que hacerse cambio del nombre de calles o de la retirada de honores o distinciones correspondientes. “Se deben redefinir las calles y eliminar la simbología franquista, en primer lugar por dignidad, y en segundo lugar por legalidad”, ha remarcado, al tiempo que ha asegurado que “se está cumpliendo la Ley de Memoria Histórica al 0%”.
