CSI•F denuncia la pérdida de 927 plazas de empleados públicos estatales en la provincia de Valencia desde 2011
La central sindical lamenta que la falta de cobertura de vacantes revierte en más carga de trabajo y dificultad de traslados
El sindicato CSI•F denuncia que la cifra de empleados públicos que en la provincia de Valencia dependen de la Administración General del Estado ha descendido en 927 personas desde marzo de 2011 a julio de 2014. En total ha pasado de 6.553 trabajadores a 5.626. Esta situación, provocada sobre todo por la falta de cobertura de las vacantes por jubilación, deriva en mayor carga laboral y más impedimentos para traslados.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI•F) explica que el incremento de la población en la Comunidad Valenciana ha ido, paradójicamente, paralelo a un descenso de los empleados públicos estatales que la atienden. En la actualidad la provincia de Valencia cuenta con un trabajador del Estado por cada 315 habitantes, lo que supone un descenso de un 14 por ciento respecto a la cifra de 2011.
El sindicato CSI•F señala que esta escasez de plantilla provoca una mayor presión y carga laboral para los trabajadores públicos. Esta situación se aprecia, por ejemplo, en la oficina del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) en Valencia, que a pese a cuadruplicar su cifra de expedientes mantiene la misma plantilla que en 2007; o en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, donde carecen de espacio suficiente para afrontar el aumento de peticiones de prestaciones. También en organismos como DGT, CAISS, CSIC, CHJ, Instituciones Penitenciarias, INE, Catastro, Inspección de Trabajo o Sanidad Exterior, entre otros.
La central sindical apunta el perjuicio para los ciudadanos, ya que el servicio no puede realizarse con la calidad y agilidad que desean los empleados públicos. Los propios trabajadores sufren mayor carga laboral, denegación de permisos regulados por ley y trabas para promocionar en la Administración y trasladarse más cerca de su lugar de residencia, ya que los distintos ministerios tratan, “a toda costa de evitar que sus trabajadores recalen en otros organismos”.
CSI•F advierte a Subdelegación del Gobierno en Valencia de que “los empleados públicos de la Administración General del Estado se encuentran al límite”. También avisa del agravamiento de la situación con las próximas jubilaciones sin cobertura, con el consiguiente perjuicio en la atención y prestación de servicios al ciudadano.
