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CSI•F pide al Gobierno que mantenga la dotación de personal y presupuesto en los centros de investigación de Valencia

  • El sindicato considera fundamental la labor desarrollada por los 600 empleados en la provincia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

El sindicato CSI·F pide al Gobierno que mantenga el presupuesto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la provincia, donde cuenta con una plantilla de 600 empleados. El sindicato afirma que el recorte previsto en el borrador de presupuestos generales perjudicaría el desarrollo español en general y el valenciano en particular.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) considera contraproducente la drástica reducción presupuestaria por parte del Gobierno en uno de los sectores base para el futuro. CSI·F pide el mantenimiento de los puestos de trabajo y la inversión necesaria dentro de este ámbito. Según los datos conocidos, la partida de investigación científica de CSIC pasará de 811,15 millones de euros en 2011 a nivel nacional, a 771,36 millones, lo que supone una reducción de casi 40 millones de euros, un 4,9 %.

CSI·F solicita al Ministerio de Economía y Competitividad que evite recortes en I+D+I ya que la Comunidad Valenciana no puede permitirse un retroceso en investigación, desarrollo e innovación. Del mismo modo, pide a la secretaria de Estado, Carmen Vela, el mantenimiento de todos los puestos de trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) explica que en la actualidad el CSIC cuenta con más de 15.000 trabajadores en toda España, de los cuales alrededor de 3.000 son investigadores en plantilla y otros tantos doctores y científicos en formación. Genera aproximadamente el 20% de la producción científica nacional. En la provincia de Valencia dispone de más de 600 empleados públicos repartidos en nueve centros de trabajo.

CSI·F exige impulsar un cambio a través de la investigación e innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento que permita garantizar un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible, como se indica en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación

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