El Observatorio de Bioética de la UCV elabora un informe sobre los derechos de la persona ante el proceso final de la vida
Realizado por juristas y médicos
El documento lleva la firma del jurista Juan Martínez Otero, profesor del Máster Universitario en Bioética; y de los médicos valencianos Justo Aznar, director del Instituto de Ciencias de la Vida; Ignacio Gómez, vicedecano de Medicina; y Germán Cerdá, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia.
El informe recoge de forma “pormenorizada y objetiva los aspectos más positivos, negativos y controvertidos del Proyecto de Ley, un texto que el Observatorio considera como “oportuno, tanto por la materia que regula como por el momento en el que aparece”, según han indicado hoy a la agencia AVAN fuentes de la UCV.
En este sentido, reconoce la existencia de varios aspectos “positivos”, entre los que destaca la “ausencia del término ‘muerte digna’”, así como el reconocimiento de “los cuidados paliativos como un derecho de los pacientes en los últimos estadios de su enfermedad”. Otro de los puntos valorados de forma positiva es el referido a los “derechos al acompañamiento y a la intimidad personal y familiar” del enfermo en fase terminal.
No obstante, en el informe que ha elaborado el Observatorio de Bioética también destaca que el proyecto de ley “contiene elementos injustificables y negativos” y advierte que “abre la puerta a interpretaciones menos respetuosas con la dignidad de los pacientes, la deontología médica y la propia lex artis”.
Entre las consideraciones más negativas figuran “la eliminación de la ‘lex artis’ como límite expreso a las voluntades anticipadas de los pacientes; o la concepción maximalista de la autonomía del paciente que late a lo largo de todo el texto, frente a la que los profesionales sanitarios quedan supeditados de manera cuestionable”, subraya el informe.
El informe “tampoco olvida aspectos controvertidos” y dedica varios puntos a analizar “cuestiones importantes que no quedan suficientemente claras y que han recibido la crítica de amplios sectores profesionales y sociales”. Se trata de temas como “quién determina cuándo es necesaria y oportuna la sedación paliativa” o “qué intervenciones sanitarias son rechazables y cuáles no”. A este respecto, entre los puntos que no son diáfanos el observatorio también se pregunta por “cuál es la relación entre la dignidad humana y la calidad de vida” y “qué cabida tiene la objeción de conciencia en el nuevo marco regulador”.
Según el informe del Observatorio esta “indeterminación” resulta “reprobable” puesto que la norma “pretende en su Exposición de Motivos regular su objeto con el ‘suficiente grado de certeza y precisión’, y ofrecer una ‘respuesta, que preste especial atención a las necesidades de claridad y seguridad jurídica’”.
“Dados los precedentes legislativos emanados del Ejecutivo responsable del Proyecto resulta comprensible que muchos se hayan opuesto de plano al mismo, haciendo hincapié en su ambigüedad y en sus posibles abusivas interpretaciones”, concluye el informe.
En este mismo sentido, el documento, en su introducción, recuerda que esta iniciativa del Gobierno ha suscitado una “fuerte controversia pública”. Al respecto, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y la Organización Médica Colegial (OMC) sugirieron 36 alegaciones al Anteproyecto de Ley. Por su parte, señala el informe, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española también aprobó una Declaración en la que “alertaba sobre la posible deriva eutanásica que el texto en proceso de aprobación podía indicar”.
