L’Eliana recurre la nueva ordenación de farmacias de guardia

El Ayuntamiento de l’Eliana ha presentado un recurso de alzada contra la resolución del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia que modifica los servicios de urgencia de la Zona Farmacéutica nº 27 y cuya ordenación deja sin farmacia de guardia al municipio. El texto, suscrito por el alcalde de l’Eliana, José María Ángel, señala que las competencias para modificar la composición y el funcionamiento de una zona farmacéutica no están comprendidas dentro de la delegación conferida al Colegio de Farmacéuticos por el artículo 2 del Decreto 187/1997 de 17 de junio. “La resolución se refiere a circunstancias demográficas y a la existencia de centros de salud. No obstante, no se motiva cómo esas circunstancias no pueden ser atendidas por unidades de farmacia existentes en un entorno que, conforme la normativa, está accesible en 15 minutos como es el de los actuales turnos”, añade el escrito.

Según el recurso del Ayuntamiento de l’Eliana, la nueva regulación “rompe el régimen anterior sin que de ello se derive una mejor atención sino todo lo contrario, puesto que se priva a tres municipios de que sus farmacias atiendan los servicios de urgencia en una zona, en igualdad de condiciones con el resto de farmacias”. También destaca que supone “un peor servicio y una peor atención, y ello sin considerar que este cambio afectará gravemente las condiciones de trabajo de los farmacéuticos, sea por exceso o por defecto” y que “afecta gravemente a los derechos e intereses de los vecinos de l’Eliana, que se verán ahora privados de un servicio de urgencias propio, con la regularidad actual”. Con todo, el consistorio insta al Colegio Oficial de Farmacéuticos a “suspender la resolución en tanto que se llegue a algún acuerdo sobre ello por todas las partes implicadas”.

El consistorio también explica en el recurso de alzada que la reunión mantenida en 26 de enero en el Colegio de Farmacéuticos “no puede considerarse como audiencia sino como meras conversaciones iniciales que deben continuar”. En esta línea se entiende la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 27 de enero –con los votos a favor del PSOE y EU y la abstención del PP- que instaba a “la paralización de cualquier resolución y a seguir estudiando el asunto para lograr las mejores de las soluciones”.