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La Diputación fomenta 283 empleos en la Ribera Alta

    El Gobierno de la nueva Diputación de Valencia fomentará 283 puestos de trabajo en la comarca de la Ribera Alta, entre la conservación de los ya existentes y la creación de otros nuevos, con una inversión de 8.1 millones de euros del Plan de Inversiones Sostenibles.

    El novedoso programa, que cuenta con un presupuesto global de 71,2 millones de euros, tiene el objetivo de “apostar por el bienestar de las personas y por el mantenimiento o creación de unos 2.500 puestos de trabajo en los próximos meses” en todas las comarcas, según el presidente de la corporación, Jorge Rodríguez.

    La apuesta de la Diputación, en sus propias palabras, “pone el acento directamente sobre las personas al destinar a ellas todo el remanente de la corporación y no sobre los bancos, con un criterio objetivo que da autonomía a los ayuntamientos para elegir sus proyectos”, además de “abrir un nuevo camino en el que los pilares principales son la vocación municipalista, respeto a la autonomía y el reparto objetivo”.

    El presupuesto total se distribuirá entre todos los pueblos, siguiendo un criterio poblacional, lo que supone una inversión de 35,88 euros por habitante para un total de 2.548.898 ciudadanos y la creación y/o el mantenimiento de 35 empleos por millón de euros invertido en cada población.

    Además, la corporación ha previsto una inversión mínima y fija de 50.000 euros por pueblo, en los 118 municipios existentes con menos de 1.500 habitantes, y un total de 5.000.000 euros para las pedanías de Valencia.

    Con este plan los municipios podrán promocionar y proteger el empleo en sus poblaciones con proyectos diversos, aunque deberán estar relacionados con la mejora del abastecimiento de agua, las vías públicas, el transporte, el tratamiento de residuos, las carreteras, la industria, el medio ambiente y la investigación, entre otros ámbitos.

    Altur: “Por primera vez se hace un plan así”

    El diputado de Cooperación Municipal, Emili Altur, ha destacado por su parte que “por primera vez se hace un plan así, ya que la legislación obliga a amortizar la deuda con el remanente de caja por ello, si las adjudicaciones no están listas antes de fin de año, el capital regresará a los bancos”.

    De ahí que los dos plazos previstos para los ayuntamientos sean hasta el 10 del próximo mes de diciembre para adjudicar los proyectos, pero hasta el 31 de octubre del año que viene (2016) para ejecutar las obras.

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