El PP alerta de que la Ley de la Huerta pone en riesgo el futuro de las explotaciones agrarias de 45 municipios
El Partido Popular iniciará una batería de reuniones de trabajo con los alcaldes, portavoces y organizaciones agrarias de los 45 municipios de la provincia afectados por el Ley de la Huerta ante el riesgo que supone para el futuro de sus explotaciones agrarias ya que "incrementa las cargas a los agricultores, abre la puerta a la expropiación de terrenos y crear dos niveles de agricultores".
Así se ha acordado hoy en un encuentro mantenido en la sede del PP en la que ha estado, por parte de la gestora del PPVAL, Antonio Clemente y Blanca Garrigues; el presidente de la gestora del PP de Valencia y diputado autonómico, Luis Santamaría; el portavoz de Infraetsructuras, Alfredo Castelló, la portavoz de Ordenación del Territorio, Elisa Díaz, y de Agricultura, José Ramón Calpe y los responsables de los 45 municipios afectados por la norma.
En este sentido, ha coincidido en destacar que la Ley de la Huerta es una "tapadera" para incrementar las cargas a los agricultores y expropiar explotaciones agrarias que no se adapten a las "exigentes" condiciones que plantea. Así, se han manifestado en contra de "recargar aún más a los agricultores" sin contemplar compensaciones económicas por la asunción de las nuevas cargas, lo que supondría en la práctica "condenarlos a muerte".
Así, el PPCV ha denunciado que la nueva Ley nace "al margen de los agricultores porque no incorpora las aportaciones y preocupaciones planteadas por el sector". "No se pueden atribuir cargas sin resolver antes el tema de la viabilidad, rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones".
Tanto es así que el PP solicitará que la Ley garantice la supervivencia y la viabilidad de las explotaciones agrarias ya que "conceptos como la soberanía alimentaria no pueden ser una excusa para privar a los agricultores de la propiedad de sus parcelas".
Para el PP esta Ley "tiene muchos rincones y pone en jaque el futuro de muchos agricultores" por lo que propondrá que no entre en vigor hasta que se haga el Informe de Viabilidad de las explotaciones que reclama las organizaciones agrarias y que debe ser consensuado con ellas.
Además, propone que la Ley no entre en vigor hasta que los agricultores y la conselleria lleguen a un acuerdo sobre las compensaciones e indemnizaciones que deben recibir los agricultores por esas cargas que se le imponen a los agricultores y que van mucho más allá de sus tareas agrícolas.
"Con esta ley se crean agricultores de primera y de segunda" porque sólo existen aquellos profesionales cuyas explotaciones estén inscritas en el inventario de explotaciones agrarias profesionales para la que tendrán que acreditar una superficie mínima que no se fija. "Todo aquel que no cumpla con estos requisitos no podrá acceder a las ayudas".
El nuevo Pativel de la Huerta
Además, han denunciado que la Ley es un 'Pativel de la Huerta' que acaba con dotaciones sociales previstas en los diferentes planes urbanos municipales ya que prevé acabar con colegios, parques e infraestructuras sociales ya planificadas en muchas de las localidades afectadas.
Con tal objetivo, el PP intentará que los vecinos de los municipios afectados "conozcan las consecuencias de la normativa que pretende aprobar el Consell" y que en localidades como Sedaví, tumbará un colegio y un parque público.
La Ley de la Huerta afecta a los 221.000 habitantes de l´Horta Nord, a 106.000 habitantes de L´Horta Sud (con la excepción de Picassent, Silla, Albal, Alcácer y Beniparrell), los 800.000 habitantes de la ciudad de Valencia con sus Pedanías Sur, Pedanías Norte y Pedanías Oeste, los 80.000 de Torrent además de los 253.000 habitantes de L´Horta Oest (excluyendo Aldaya, Alacuás y Manises).
