Adsuara: «Los últimos informes abonan la idea de que hubo una red clientelar en Divalterra que benefició a PSPV y Compromís»

El portavoz del grupo popular en la Diputación de Valencia, Juan Ramón Adsuara, ha analizado hoy las últimas informaciones sobre la contratación de altos cargos afines a PSPV y Compromís en la empresa pública Divalterra –que costaron más 1,1 millones de euros– y que «dejan en muy mal lugar a estas dos formaciones».

Adsuara ha advertido que «los últimos informes abonan la idea de que    hubo una red clientelar en Divalterra que benefició a PSPV y Compromís» tal y como se ha hecho llegar al juez titular del juzgado de Instrucción número 9 de Valencia y que es la tesis que defiende el Ministerio Público.

La evidencia de que el nombramiento de altos cargos era prescindible es que, según esos informes de los responsables actuales de Divalterra, «tras la salida de los citados directivos no se cubrieron los puestos y el funcionamiento de la empresa no se resintió».

«Están dando un espectáculo bochornoso sobre el funcionamiento de la empresa pública y tanto PSPV como Compromís deben ofrecer explicaciones convincentes», ha manifestado Adsuara.

El grupo popular en la Diputación de Valencia va a mantener una actitud «vigilante», ha adelantado Adsuara, quien tendrá en la figura del diputado Carlos Gil a la persona que estudiará con detalle las evoluciones de este caso que, según la Fiscalía, supuso que esos altos directivos nombrados por las dos formaciones políticas crearan una especie de «órgano paralelo de dirección de la empresa para ocultar determinadas actividades al Consejo de Administración».

Hay que recordar que a Jorge Rodríguez –expresidente de la Diputación de Valencia cuando aún pertenecía al PSPV– se le acusa de «prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos».

Dietas indebidas

Adsuara ha denunciado la «vergüenza» que le produce la evolución de este caso en el que las últimas informaciones procedentes de la instrucción del caso apuntan al cobro de dietas de esos altos cargos colocados por el expresidente por el desplazamiento desde su residencia hasta el lugar de trabajo.

Esos ingresos, según el informe elaborado por la propia empresa, carecerían de la justificación legal necesaria.

Hay que recordar que la «operación Alquería» desembocó en  la detención de Jorge Rodríguez, tres asesores suyos y los dos gerentes de Divalterra, a quienes la Fiscalía Anticorrupción considera responsable de las prácticas en la empresa que se habrían saltado la legalidad vigente.