Denuncian ante la Fiscalía Anticorrupción a la alcaldesa de El Puig y varios concejales por "prevaricación y malversación"

Los concejales del Partido Popular de El Puig, encabezados por su portavoz Bartolomé Vila, además de los diputados provinciales Javier Montero y Carlos Gil, junto al edil de Ciudadanos del municipio, David Castelló, han denunciado hoy ante la Fiscalía Anticorrupción a la alcaldesa de El Puig, Luisa Salvador (PSOE) y dos de sus concejales por prevaricación y malversación de caudales públicos.

La denuncia en la que se pide la actuación de la Fiscalía Anticorrupción se basa en la decisión unilateral de la alcaldesa Luisa Salvador y de dos de sus concejales del PSOE en el gobierno de El Puig, María Ángeles Beltrán y Marc Oriola, por revocar la comisión de servicio de la Interventora municipal y mantener un pago a un funcionario que se considera irregular.

Esto se produjo tras informar negativamente la Interventora de una irregularidad en el pago de miles de euros a un trabajador del ayuntamiento por productividades que no se justificaban, lo que podía ser un delito, por lo que se pedía que se devolviera el dinero.

En el informe de la Interventora se considera que es especialmente grave porque el funcionario en cuestión es quien elabora las nóminas, lleva el control horario de los trabajadores e informa el expediente correspondiente.

Este informe de la Interventora se realizó el 25 de noviembre, para el pleno que se debía celebrar el 28 de noviembre. Desde el Gobierno de la socialista Luisa Salvador se presionó a la funcionaria para que cambiar su informe antes del pleno, y al negarse ella a hacerlo se dio una versión diferente en la sesión plenaria.

El 2 de diciembre el Gobierno de El Puig citó en una sala a la Interventora y le comunicó que no renovaban su comisión de servicios porque “había dicho en muchas ocasiones que debía expresar las conclusiones de sus informes de otra manera. En concreto que debía de tener más cintura,  y que no quería que continuara trabajando en el Ayuntamiento”, según se recoge en la denuncia.

La Interventora comunicó a todos los Concejales presentes que lo que pretendían hacer era una ilegalidad y pese a ello la Alcaldesa reiteró que iban a revocar el Decreto en el que prestaban su conformidad a la  comisión de servicios. La Concejal  Mª Ángeles Beltrán añadió que la decisión había sido tomada con la conformidad de todos los concejales del Partido Socialista y que no la iban a reconsiderar. Ninguno de los presentes se opuso a ello o contradijo a la alcaldesa o a la concejal de personal.

El diputado Javier Montero, encargado del grupo popular de Procedimientos Judiciales en la Diputación de Valencia, y que ha asesorado a los ediles de El Puig, en la denuncia, ha asegurado que “no se puede permitir que se amenace a una funcionaria pública en el ejercicio de su trabajo para que tape un posible delito en el que se está malversando dinero público”, de ahí que se confía en que la Fiscalía Anticorrupción investigue al gobierno socialista de El Puig.