Los trabajadores de Dulce Hola se reúnen con representantes de grupos políticos
Un grupo de trabajadoras encargadas de la producción en Dulce Hola SL y representantes sindicales se han reunido con la alcaldesa de Puçol y los representantes de los grupos políticos municipales PSOE, Compromís, Partido Popular, Esquerra Unida y Ara Puçol el 2 de enero en el Ayuntamiento para expresar su malestar ante la situación de impagos y la extinción de 14 contratos de trabajo en la que se encuentran. Los miembros del consistorio les han mostrado su apoyo y su voluntad de reunirse las veces que haga falta con ellos, así como tratar de ponerse en contacto con la empresa.
El 26 de diciembre de 2017 se inició una huelga indefinida por parte de los trabajadores de la empresa con la intención de «reconducir la situación de impagos», ha explicado Begoña Cortijo, Secretaria General de la Unión Intercomarcal de CCOO de varias zonas, entre ellas Puçol. La movilización tiene como objetivo reivindicar «el pago de las nóminas que se deben, la invalidación del despido de 14 personas de una plantilla de 29 y el cese de sufrimiento psicológico al que se ven sometidos los trabajadores».
Mónica, una de las trabajadoras, ha señalado los «5 años de retrasos en las nóminas y planes de pago que nunca se han llevado a cabo», así como «el machaque psicológico» que las afectadas y afectados han sufrido mientras «nos debían dinero, pero seguían con su tren de vida».
El grupo ha criticado que llevan 5 años sufriendo estrés y tensión continua por estos retrasos «a pesar de haber trabajado con total profesionalidad siempre que se nos ha pedido» y, por estos motivos, hay quien ha tenido que buscar otros empleos aparte y quien incluso «está de baja por depresión».
La línea de negocio, «aun con pérdidas atribuidas, no justifica 14 despidos», ha indicado el colectivo. «La plantilla con reducción de jornada e incapacidad temporal también se ha visto afectada por el expediente de regulación de empleo», ha añadido.
Entre las líneas de actuación de los afectados se encuentra comprobar si Conselleria «ha aprobado a la empresa la concesión de subvenciones». También han reprochado afirmaciones de la compañía, que «además de haber anunciado la extinción de 14 contratos de trabajo de una plantilla de 29 y la deuda actual de 2 meses que no quieren pagar; recriminan que les estamos obligando a cerrar, que nos iban a pagar en determinado día pero que a causa de nuestra actuación» no van a poder hacerlo, han descrito. «Más que asegurar la viabilidad de la empresa, parece que se quieren quitar a los trabajadores de encima», han agregado.
Los participantes de la charla han comentado ante los representantes de los grupos políticos municipales presentes su intención de plantear a la compañía una reunión sobre la continuidad de los trabajadores de la empresa. «Queremos reconducir la situación de huelga y volver al diálogo; pero, si la empresa sigue hacia delante, los puestos de trabajo seguirán en situación de riesgo», han señalado. Una de las delegadas presentes ha lamentado que la empresa «no tiene intención de negociar».
Una trabajadora ha indicado que «el último trabajador contratado fue un fijo discontinuo» por lo que una de las sospechas que barajan los afectados es «la retirada de todos los trabajadores para hacer fijos discontinuos; algunos llevamos 10 años trabajando y otros llegan a 20 años de antigüedad».
Otra afectada ha lamentado que «a muchas compañeras únicamente nos entra en casa nuestro jornal individual; las familias nos ayudan pero hay que pagar la hipoteca, luz, agua...».
Begoña, de CCOO, ha intervenido de nuevo para opinar que la situación de la empresa «no justifica los despidos. Puede tratarse de una estrategia para realizar una limpieza de gente con antigüedad, derechos y reducciones; así como delegadas de sindicatos. Si la empresa quiere comprometerse a los pagos, que siga un calendario», ha aseverado, y también ha pedido que aporte datos económicos y que haya buena fe por ambas partes.
Los 11 trabajadores que permanezcan dentro de la empresa tras el ERE «no sabemos en qué condiciones quedaremos. Parece que quieren quitar a la gente más protegida». Otra de las trabajadoras ha reprochado «el afán por que firmemos el expediente cuanto antes; si nos vamos pronto y agilizamos el proceso, a lo mejor se pueden salvar puestos, nos dijeron. Incluso se pidió voluntarios para la lista de despidos».
La alcaldesa de Puçol, Lola Sánchez, ha mostrado su intención de que la corporación municipal entre en contacto con la empresa y reunirse con sus representantes si lo aceptan: «Al tratarse de una empresa privada, llegaremos a donde podamos llegar como Ayuntamiento». A pesar de las limitaciones, cuentan con «el apoyo de los portavoces que han podido asistir y no habrá problema en encontrarse las veces que haga falta con los trabajadores».
Enric Esteve, portavoz de Compromís per Puçol, ha opinado que «la situación es grave» y ha animado a los afectados «seguir adelante y tomar las medidas que haya que tomar antes de que sea tarde», así como escuchar el consejo de los profesionales.
