El PSPV recrimina a Fabra que “no expulse a los corruptos de les Corts y sí expulse a los dependientes del sistema”
El diputado José Manuel Sánchez considera “más que necesario que se sepa qué pasa en la Comunitat Valenciana con la aplicación de la Ley de Dependencia” ya que “todos los datos, hasta los de la propia conselleria, demuestran el acoso y derribo del PP a la ley y a los derechos de los dependientes”
El portavoz socialista de Políticas Sociales en Les Corts, José Manuel Sánchez, ha asegurado hoy que “ha quedado claro que al PP no le interesa hablar de dependencia” al tiempo que ha recordado que hace 15 días preguntaba en estas Cortes, sin obtener respuesta, sobre el número de dependientes que, contra norma, no se les está aplicando la retroactividad y que hace más de un mes él mismo registro preguntas que todavía no han sido contestadas sobre cuántas personas se han valorado y con qué grado desde la entrada en vigor de la orden 21/2012, entre otras cuestiones.
“El mismo amparo” que para Blasco
Sánchez ha explicado el voto favorable de su grupo a las propuestas de creación de una comisión de investigación sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunitat presentadas por EU y Compromís en la defensa de los derechos de las personas dependientes y sus familiares y porque todos ellos “exigen saber qué está pasando con la aplicación de la ley en la Comunitat. Además, ha manifestado que “nos gustaría que los dependientes de esta Comunitat tuviesen el mismo grado de amparo que por parte del presidente de la Generalitat tiene el exconsejero Blasco. Mientras Fabra es incapaz de expulsar de esta Cámara a los corruptos, si expulsa a los dependientes del sistema”.
El diputado socialista ha sostenido que “hablar de dependencia en la Comunitat es hablar de recortes en los derechos y prestaciones, de incumplimientos por parte del Consell y de retrasos”. En este sentido, ha afirmado que “cualquiera de los informes emitidos por organismos privados o públicos tienen el mismo denominador común: la Comunitat está con diferencia en la última posición, e incumple de manera sistemática con sus obligaciones y el desarrollo de la ley”.
De hecho, el último informe emitido la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que analiza los seis años de aplicación de la ley, constata la evidencia de algunos cambios en el ranking de las CCAA: tres comunidades destacan notablemente -Castilla-León, País Vasco y Andalucía-, mientras “se mantiene invariable el empecinamiento de otras comunidades en no aplicar las prestaciones y servicios poniendo a sus ciudadanos en una situación de desprotección frente al riesgo”. Las comunidades con una calificación de “muy deficiente” son la Comunitat Valenciana, Canarias y Baleares.
Por otra parte, ha indicado que el Tribunal de Cuentas ha verificado, entre otras cuestiones, que en los 31.764 expedientes anteriores a julio de 2010 la fecha de efectos en el pago de las prestaciones coincide con la de resolución PIA entrando en contradicción con lo que regulaba la ley. Igualmente, establece que el período medio entre la solicitud y la PIA es de 716 días, “muy por encima de la media estatal”, de manera que “cuanto más se tarde menor es el coste que asume la Generalitat”, ha apostillado.
Por otro lado, también se ha referido al último informe del Síndic de Greuges que determina que la mayor parte de las quejas recibidas en torno a la discapacidad hacen referencia a la demora a la hora de emitir el certificado de discapacidad y recuerda el incumplimiento reiterado de la conselleria en los plazos para resolver los expedientes de valoración.
Datos de la Conselleria
Por todos estos motivos ha considerado “más que necesario que se sepa qué pasa con la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat al tiempo que ha destacado que son “datos objetivos que demuestran el acoso y derribo del PP contra la ley y derechos de los dependientes”. Pero, además ha resaltado que a estos datos aportados por entidades independientes se suman los propios datos de la Generalitat que, según ha recordado, “les sirven para cobrar del Estado”. Los datos que se hacen públicos en el sistema de atención a la dependencia en los últimos 20 meses muestran que los valencianos con derecho a prestación han pasado de 44.012 a 39.996; que los dependientes valorados de grado tres han pasado de 41.970 a 25.056.
