El PSPV exige al Gobierno Central que asuma los 313 millones de deuda del Consorcio Valencia
El grupo socialista en Les Corts ha exigido al Gobierno Central a través de una Proposición No de Ley (PNL) que condone la deuda contraída por el “Consorcio Valencia 2007” con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y cuyo objetivo era la organización de la Copa América y la gestión de la Marina Real Juan Carlos I. De hecho, el portavoz del grupo, Manolo Mata, ha recordado que "el Tesoro Público fue quien avaló dicho préstamo y, por lo tanto, el Gobierno de España tiene ya provisionada la totalidad de la deuda, por lo que la asunción del pago por parte del Gobierno Central no supondría ningún incremento del gasto en los Presupuestos Generales del Estado".
“El Gobierno Central ha manifestado públicamente su negativa a condonar la deuda del Consorcio, pero la realidad es que su actitud además de económicamente gravosa, es también un agravio comparativo hacia la Comunitat Valenciana, puesto que ante la misma situación sí que se hizo cargo de la deuda tanto de la Expo de Sevilla como de los Juegos Olímpicos de Barcelona”, ha apuntado el portavoz socialista antes de incidir en que es “insólito” que el Gobierno “ya haya provisionado con fondos el pago de la deuda que le corresponde asumir y en cambio se niegue a hacerlo”.
En este sentido, desde el PSPV han insistido en que cuando el Consorcio (integrado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno Central) firmó en 2003 el préstamo con el ICO “se supeditó la devolución de la deuda a la obtención de ingresos de la posterior explotación de las infraestructuras realizadas” y han señalado que “la realidad está poniendo de manifiesto que aquellas inversiones no están generando en ningún caso el retorno necesario para asumir los pagos”. Por ello, desde el PSPV han instado al Consell a que se dirija al Gobierno de España para solicitar la condonación de la deuda sin amortizar y han lamentado que se esté aplicando “una rigurosidad excesiva en una materia en la que debería primar la responsabilidad y la lealtad en la toma de decisiones del Gobierno de España hacia la totalidad de los valencianos y valencianas”.
