26 de septiembre de 2020 26/9/20

El PSPV contempla que la financiación ilegal de la actividad política sea considerada delito

    El PSPV-PSOE ha aprobado esta mañana su programa electoral, en el que se incluyen más de un centenar de propuestas centradas en la regeneración democrática, la reforma de la administración pública o la igualdad. Entre todas ellas destaca un bloque de iniciativas centradas en la convicción de los socialistas en que “la ejemplaridad debe comenzar por los propios partidos políticos”, por lo que defienden la publicidad de los ingresos y el patrimonio de los cargos públicos, la limitación de mandatos, la transparencia de los sueldos, la prohibición de sobresueldos procedentes de los partidos, la publicación de las cuentas internas y el refuerzo para que la Sindicatura de Comptes las audite con agilidad y rapidez.

    Por eso, consideran que “todos los cargos públicos socialistas deberán comprometerse a mantener una conducta ejemplar en su comportamiento, actividades y gastos, renunciando a cualquier obsequio o donación”. Pero además los socialistas defienden “que la financiación ilegal de la actividad política y electoral sean considerados delitos y que pueda atribuírseles responsabilidad penal a los órganos directivos de los partidos”.

    Todo esto se ha concretado en uno de los foros de debate en los que se ha dividido la Conferencia Autonómica que ha tenido lugar esta mañana en Alicante y que ha girado en torno a ‘Un gobierno comprometido con la ciudadanía: reformas democráticas’. En él los candidatos Fernando Delgado, Rosa Peris y Francesc Colomer han sido los encargados de exponer las principales propuestas que el PSPV-PSOE incluirá en su programa electoral sobre este asunto. Todos han destacado que “es necesario reconstruir lo que ya habíamos alcanzado y ha sido destruido, regenerar lo que ha degenerado y refundar lo que ha sido arrasado”, al tiempo que han recordado que “la corrupción política se ha convertido en la segunda preocupación ciudadana, tras el paro”.

    A esto cabe sumar, tal como han apuntado, que “salir de la crisis se ha vuelto más complejo en nuestra tierra porque los casos de corrupción condicionan la acción del Consell”. Por eso, señalan que “sin la reacción democrática de partidos e instituciones, cualquier salida de la crisis será falsa, porque los cimientos sobre los que se construya se encontrarán carcomidos”.

    Desde el PSPV-PSOE hacen hincapié también en que “no hay corruptos sin corruptores”, por lo que “tanto las instituciones de la Generalitat Valenciana como el mundo empresarial deben comprometerse decididamente para evitar esta lacra”. Así, han contemplado que “las empresas contratistas con la Generalitat Valenciana deben responder con transparencia, ética e integridad a este reto reforzándose los criterios objetivos en las adjudicaciones, repudiando a empresas condenadas por corrupción, publicitando los contratos con proveedores, limitando legalmente los sobrecostes de los contratos públicos y protegiendo a las personas que denuncien estas prácticas irregulares”. Al mismo tiempo, los socialistas se han comprometido a “facilitar todas las investigaciones judiciales contra la corrupción, crear una Oficina Anticorrupción, suspender a los cargos públicos imputados y a impulsar todos los cambios legales que resulten necesarios para eliminar el aforamiento de parlamentarios y parlamentarias acusados de delitos de corrupción e impedir los indultos para quienes sean condenados”.

    Con el objetivo de evitar que en el futuro se repitan sucesos como los ocurridos en los últimos años en la Comunitat Valenciana, desde el PSPV-PSOE también proponen la necesidad de aprobar una legislación “que garantice la transparencia activa de la Generalitat Valenciana y que obligue a todos los sectores económicos y sociales que se relacionen con ella”. Del mismo modo, también contemplan el hecho de que los medios de comunicación deben poder ejercer la función nuclear que les corresponde en un sistema democrático, como es contribuir a formar una opinión pública libre. Por eso incluyen la necesidad de que las instituciones valencianas “garanticen el respeto a los derechos, libertades y valores democráticos, y contribuir a que los medios sean auténticamente independientes y plurales, sin manipulación, injerencias o chantajes económicos”.

    Reacción democrática

    El PSPV-PSOE ha debatido hoy también en torno a la necesidad de “reconstruir el agrietado edificio democrático que nos ha cobijado durante las últimas décadas, porque la ciudadanía debe percibir que las decisiones públicas son el resultado de un proceso democrático en el que todos se sientan partícipes e identificados”. Por eso, y tras destacar que ha sido el partido socialista el que ha denunciado en las instituciones y en los juzgados todos los casos de corrupción que han salpicado a la Comunitat Valenciana en los últimos años, han incidido en que “ha llegado la hora de las propuestas y las soluciones”.

    En este sentido, el programa electoral recoge toda una serie de medidas enfocadas en reformar la legislación electoral, garantizar la exigencia de mayor vinculación entre elector y elegido, mayor independencia de los elegidos respecto de los poderes económicos, dedicación exclusiva de los electos al ejercicio de sus funciones y la existencia de gobiernos estables y responsables ante la ciudadanía. Además, los socialistas entienden que “sin una presencia equilibrada de las mujeres en el ámbito público, la democracia no se puede denominar como tal”. Así, apuntan que “la justicia social pasa sin lugar a dudas por resolver la desigualdad de género, requisito indispensable para afrontar cualquier política que pretenda transformar la sociedad hacia un modelo más equitativo e igualitario, por ello la composición del nuevo gobierno socialista será paritaria y habrá paridad en todas las instituciones”.

    Además, han centrado su objetivo principal en conseguir “mejorar la calidad de nuestra democracia con más control, más transparencia, más participación, más representación y más representación”. Por eso, la propuesta socialista recoge que Les Corts Valenciana “refuercen sus funciones legislativa y de control del ejecutivo abriéndose a la participación de la sociedad”, lo que supone una reforma del reglamento parlamentario para recibir demandas individuales o colectivas personalmente de los peticionarios y discutirlas públicamente y con transparencia; facilitar el ejercicio de la iniciativa legislativa popular y la consulta o comparecencia de expertos independientes y representantes de los sectores afectados en los procesos legislativos y en las discusiones de mayor impacto sobre políticas públicas gubernamentales; el refuerzo de los mecanismos de control para facilitar la apertura a la acción pública ciudadana o el establecimiento de un proceso previo transparente y abierto de evaluación de la capacidad, méritos y prestigio de los aspirantes a ocupar puestos en organismos e instituciones estatutarias.

    Reforma de la administración pública

    Por otro lado, el PSPV-PSOE contempla en su programa electoral más de 30 propuestas “para que la ciudadanía sea el eje de todas las actuaciones y actividades de las administraciones públicas en su funcionamiento diario”. Estas medidas contemplan “ampliar la extensión de las nuevas tecnologías en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, flexibilizar las relaciones interadministrativas, reestructurar los procesos administrativos, incorporar la perspectiva de género, aumentar los órganos y mecanismos de colaboración, conformar una visión integral de la Administración, facilitar la comunicación y cooperación entre las mismas, conformando una auténtica red administrativa en continua conexión, que debe constituir el siguiente paso para ofrecerle a la ciudadanía una ventanilla única, física y virtual, para relacionarse con todas las Administraciones”.

    En definitiva, los socialistas proponen avanzar hacia una administración integral más participativa, igualitaria y eficiente, “refundar una administración valenciana al servicio del progreso de las personas y afrontar los retos del siglo XXI”. Por eso, proponen una revisión total de la Generalitat Valenciana “para garantizar su funcionamiento sobre los principios de austeridad, eficacia, transversabilidad y sostenibilidad financiera”, así como un Plan de Racionalización que comporte una supresión significativa de altos cargos del Consell. De hecho, apuntan a que “por ley deberá fijarse el número máximo de altos cargos y de personal de confianza o de libre designación, así como la obligación de someterse a un trámite previo de audiencia parlamentaria para controlar la idoneidad política y legal de su nombramiento, reforzando el régimen de incompatibilidades para evitar las ‘puertas giratorias’ y la confusión entre intereses privados y gestión pública”.

    Encaminados a buscar la profesionalidad y eficacia, los socialistas recogen en su programa que “la designación de jefes y jefas de servicio se realizará por concurso de méritos y toda redistribución de efectivos personales y materiales para procurar la máxima eficiencia administrativa se realizará desde el diálogo y consenso”. A esto cabe sumar el compromiso de recuperar los servicios públicos básicos privatizados y preservar así una gestión más eficiente y económica que garantice su calidad, gratuidad y universalidad. Con respecto a la opacidad actual en la administración valenciana, el PSPV-PSOE propone que “todos los documentos y contratos puedan ser controlados y fiscalizados sin que quepa oponer reservas de confidencialidad”, al tiempo que el Consell “deberá hacer público periódicamente el estado de ejecución presupuestaria y el nivel de cumplimiento de su programa de gobierno”.

    El PSPV-PSOE defiende a su vez la necesidad de evaluar las políticas públicas “como herramienta de defensa de la ciudadanía frente al abuso y la arbitrariedad”, por lo que proponen la realización de una auditoría ética anual por un organismo independiente cuyo informe “sirva para contribuir a la mejora de la acción y resultados en la actividad del sector público y las instituciones, que será remitido a Les Corts”.

    Los socialistas también centran sus prioridades en los gobiernos locales, como ha quedado demostrado con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad a la reforma local del gobierno del PP. Por ello inciden en cinco grandes ejes a través de sus propuestas: favorecer los gobiernos locales abiertos y transparentes; favorecer redes intermunicipales y multinivel; una nueva relación entre la Generalitat y los ayuntamientos; una sólida financiación local para la prestación de servicios y una mirada singular a los municipios rurales y las Entidades Locales Menores.

    Financiación y Política Fiscal

    Finalmente, los socialistas han debatido en este punto la necesidad de “poner fin a la discriminación que padecemos los valencianos y las valencianas”, por lo que el gobierno valenciano que surja de las próximas elecciones autonómicas deberá conseguir una financiación autonómica suficiente para ejercer las competencias estatutarias. Para el PSPV-PSOE, “la solución al problema de la financiación autonómica sólo requiere de una decisión política”. A esto cabe sumar que “la Comunitat Valenciana también tiene derecho a reclamar la reducción de la parte de su endeudamiento derivada de su baja financiación por habitante”.

    Por eso, tal como señalan en su programa electoral, “la única salida que asegura la viabilidad de la Generalitat en el largo plazo es un proceso negociado de amortización y refinanciación de la deuda, en el que el Estado asuma una parte de la misma como compensación por el enorme déficit de recursos que la Comunitat Valenciana ha acumulado a lo largo del tiempo”. Finalmente, y con el objetivo de evitar que los ciudadanos sufran una merma del Estado del Bienestar, “crearemos una Oficina Independiente contra el Fraude Fiscal en la Comunitat Valenciana, que desarrollará su labor conjuntamente con la Agencia Tributaria y los Servicios de Inspección de Trabajo, pero que deberá completarse con una exigencia al Gobierno de España para que limite la competencia fiscal entre las comunidades autónomas”.

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