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El PSPV apuesta por la transparencia y plantea publicar anualmente la declaración de renta y patrimonio de sus cargos electos

  • La presidenta del grupo socialista ha explicado que el PSPV-PSOE en su propuesta de reacción democrática reforzará la lucha contra la corrupción con medidas como la prohibición expresa del pago de sobresueldos a cualquier cargo público

La presidenta del grupo parlamentario socialista, Ana Barceló, ha explicado que en la propuesta de reacción democrática presentada por el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, los socialistas centran su compromiso en “mejorar la transparencia y luchar contra la corrupción”, por ello, “todos los cargos electos del PSPV-PSOE, tanto autonómicos como nacionales, publicarán anualmente su declaración de la renta y de su patrimonio”. En su opinión, “es necesario recuperar el crédito social de la ciudadanía y, para ello, se hace necesario que la gente vea gestos que aumenten la transparencia de los representantes políticos que han sido elegidos”.

De esta manera la diputada socialista ha explicado que “el deterioro de la imagen de los políticos ha alcanzado niveles alarmantes debido a casos como la financiación irregular de los partidos o la búsqueda del lucro persona”. Ante esto, considera que “la situación actual obliga a redoblar los esfuerzos y garantizar una mayor pulcritud en la gestión de lo público” porque se hace necesario “preservar no sólo la ética sino también la estética pública”. Por tanto, los socialistas apuestan por “aumentar los mecanismos legales de control público mediante instrumentos e instituciones adicionales”. Para Barceló, “es fundamental que los ciudadanos vean que estamos haciendo esfuerzos por luchar contra la corrupción” y, en esta línea, los socialistas plantean en su documento que se “prohíba de forma expresa el pago de sobresueldos a cualquier cargo público”. Además, también incorporan la “incompatibilidad de cargos remunerados en una misma persona”.

Siguiendo esta línea, los socialistas se comprometen a que sus cargos públicos y los que formen parte de la dirección “firmen un Código de Ejemplaridad, Ética y Buen Gobierno que obligue a mantener una conducta ejemplar en sus actividades” y, por tanto, se especifica que la “renuncia a cualquier obsequio o donación, salvo los que tengan un valor estrictamente simbólico o protocolario”.

Pacto empresarial

Por otra parte, y con el fin de que la gestión sea lo más limpia posible, todas las instituciones gobernadas por el PSPV-PSOE firmarán con las empresas contratistas un pacto por la transparencia, la ética y la integridad y se recoge la obligación de “incorporar a representantes de la sociedad para que fiscalicen en las mesas de contratación”, así como, “el refuerzo no solo de los criterios objetivos para adjudicar los contratos sino también de los mecanismos legales que impidan contratar a empresas condenadas por corrupción”. Los socialistas también plantean que se publiquen en la web oficial los contratos laborales de alta dirección y de todos los contratos con proveedores de bienes y servicios e la administración”. Además, en esta línea, se deberán publicar todas las adjudicaciones, ofertas ganadoras, perdedoras, concursos y resoluciones incluidos en los contratos menores” y para evitar los sobrecostes de los contratos públicos se “reforzará por ley la imposibilidad de rebasar un límite máximo sobre el precio inicialmente propuesto”.

Para aumentar al máximo la transparencia, se publicarán las cuentas del partido y se planteará que la Sindicatura de Comptes pueda auditar con agilidad y rapidez las cuentas anuales sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas por ley”. De la misma manera se “reforzarán los mecanismos de colaboración” entre la Agencia Tributaria, INSS y otras entidades con este Tribunal cuando se detecten indicios de corrupción en las cuentas de un partido.

Responsabilidad penal de los partidos

En este sentido, los socialistas en su propuesta de reacción democrática proponen que se “modifique el Código Penal para regular la responsabilidad penal de los partidos y la tipificación como delito de financiación ilegal de la actividad política y electoral”. Además, muestran su compromiso a impulsar una “ley para proteger a las personas que denuncian casos de corrupción o prácticas ilegales ya sea en la administración o en los partidos y empresas” porque, según ha destacado Barceló, “es fundamental proteger a aquellos ciudadanos que denuncien delitos ante cualquier tipo de represalia”.

En cuanto a las consecuencias de realizar cualquier tipo de práctica ilegal o corrupta, los socialistas plantean que “se suspenda de sus responsabilidades a los imputados por corrupción y se demande o se investigue a los autores de falsas imputaciones”. Además, quieren que “se impulsen cambios legales que eliminen el aforamiento de los parlamentarios que estén implicados en delitos de corrupción” y que “se amplíe el plazo de prescripción de los delitos de corrupción a 15 años y no a diez como está ahora”. La diputada socialista ha señalado que es “fundamental que se agilicen las acciones judiciales para luchar contra la corrupción” y, para ello, plantean que se “prevea un procedimiento preferente en los delitos por corrupción política y se dotará de más recursos y mecanismos necesarios al poder judicial para que la investigación se más rápida”.

Organismos contra la corrupción

Según ha apuntado Barceló, es necesario que se incrementen los organismo y las instituciones que luchen contra la corrupción y, por tanto, proponen en su documento de Reacción Democrática que se cree una unidad anticorrupción en las administraciones tanto central como autonómica. En cuanto a los indultos, los socialistas apuestan por “limitar aquellos otorgados por el gobierno” y, además, “que se validen a través del parlamento con la votación a favor de una mayoría reforzada de la cámara”.

Organismos por la transparencia

Por lo que se refiere a los organismos necesarios para aumentar el nivel de transparencia de las instituciones, el PSPV-PSOE plantea que se cree una Comisión autonómica de ética y transparencia que cuente, según ha explicado Barceló, “con la representación plural de todos los partidos políticos, instituciones y sociedad civil”. Esta comisión tendrá que “elaborar un informe público anual, que será presentado en Les Corts, sobre la calidad democrática y el grado de cumplimiento de las obligaciones de los gobiernos, partidos, instituciones y organizaciones sostenidas con fondo públicos”.

También proponen que se cree un Portal de la Transparencia en todas las administraciones para que “todos los ciudadanos puedan acceder y comprobar el uso que se hace del dinero público”. Por ello, los socialistas establecen la obligación de que las consellerias publiquen mes a mes el grado de ejecución de sus presupuestos. Se creará una Oficina de la Transparencia cuyo responsable será propuesto y nombrado por el Presidente del Gobierno contando con la previa ratificación parlamentaria por mayoría de dos tercios. Según ha explicado Barceló, esta oficina se encargará de elaborar un Plan de Acción-Pro Transparencia que resolverá “todas las peticiones individuales de acceso a información pública denegadas por las instancias gubernamentales”.

Por último, para aumentar la transparencia se aplicará esta Ley de Transparencia a todos los partidos y representantes y se propondrá la inclusión de los sindicatos, organizaciones empresariales, la Casa Real y la Iglesia. En esta norma, tal y como ha señalado Barceló, “se establecerá la obligatoriedad de los poderes públicos de dar la información que soliciten los ciudadanos”.

Medios de comunicación

Por lo que respecta a los medios de comunicación, los socialistas defienden que “sin periodistas no hay democracia” y, por tanto, proponen “crear consejos del audiovisual públicos que garanticen los derechos, libertades y valores democráticos, así como el pluralismo interno en las concesiones de derechos de emisión en radios y televisiones”. Los consejos de administración de los entes públicos de radiotelevisión serán elegidos por mayoría cualificada de ¾ y el director general por 4/5.

De la misma manera, las ayudas, las concesiones públicas y la publicidad en los medios de comunicación privados estarán supervisados por los parlamentos y la aprobación de las recomendaciones parlamentarias deberán contar con el apoyo ¾ de la composición de las cámaras”.

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