El PSPV apoya la huelga de jueces y fiscales para reivindicar “una justicia para todos”

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha mostrado hoy el apoyo de los socialistas a la huelga iniciada por los jueces y fiscales para reivindicar “una justicia para todos”. En este sentido, el dirigente socialista ha mostrado el rechazo a las nuevas tasas judiciales de Gallardón porque “suponen la creación de una nueva justicia, una para ricos, que no tendrán problema para seguir acudiendo a defender sus intereses; y otra para todos los demás que no podrán acudir a ella por falta de dinero”. Ante esto, cabe recordar que el grupo parlamentario socialista en el Congreso ha presentado un recurso de inconstitucionalidad al considerar que la norma de Gallardón “rompe el principio de igualdad” es “abusiva y debilita la democracia”.

Así, ha explicado que estas tasas suponen que “interponer demandas o recurrir sentencias en el orden civil, social o contencioso administrativo va a costar dinero a los ciudadanos, desde 150 euros a 1.200 por llegar en casación hasta el Tribunal Supremo”. En este sentido, Puig ha lamentado que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana “se verán afectados especialmente por esta medida del gobierno de España porque sufrimos más las políticas antisociales del PP y la crisis es mucho más intensa aquí”. Así, ha explicado que “en un territorio como el nuestro donde las terribles preferentes han hecho tanto daño, un jubilado que demande por vía civil a un banco para recuperar sus ahorros de, por ejemplo, 128.000 euros tendrá que pagar 940 euros de tasas”, es más, ha señalado que “si sigue recurriendo la tasa puede llegar hasta los 3.800 euros”. Además, “también una mujer víctima de malos tratos que quiera divorciarse de su maltratador tendrá que afrontar estas terribles tasas”.

Por todo ello, ha lamentado que de esta manera se vulnera la “tutela judicial efectiva porque supone un obstáculo para que muchos ciudadanos puedan acudir a la Justicia”. Ante esto, ha reiterado su apoyo a la huelga iniciada hoy por los jueces y fiscales y ha pedido que “no se aplique esta reforma pretendida por Gallardón” porque, a su juicio, “estos no son los cauces ni los mecanismos adecuados para racionalizar la administración de justicia”.