29 de febrero de 2020 29/2/20

La provincia de Valencia lidera el número de sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas estatales durante los primeros cinco meses del año

  • LA UNIÓ reclama más vigilancia y medidas efectivas para frenar los robos

LA UNIÓ de Llauradors señala que la provincia de Valencia lideró de forma destacada el número de sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas de todo el ámbito estatal entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2014, con un total de 1.195 infracciones penales.

Las otras provincias donde se han dado más casos durante ese periodo son Sevilla con 717 y Almería con 673, aunque se sitúan muy lejos de las cifras alcanzadas en la provincia de Valencia.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana la cifra total es 1.760 infracciones penales (289 en Castellón, 276 en Alicante y las 1.195 de Valencia). No es sin embargo la Comunitat Valenciana donde más infracciones de este tipo se han dado, sino en Andalucía con 3.453 casos.

Estos datos forman parte de una contestación por escrito que el Gobierno ha hecho en el Congreso de los Diputados a una pregunta realizada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, demandando el número de infracciones penales registradas en las explotaciones agrícolas.

Según el informe del Ejecutivo, en España se ha registrado 9.947 infracciones en los primeros cinco meses del año, contabilizando delitos y faltas de robos con fuerza; robos con fuerza en el interior de vehículos; robos con violencia e intimidación; hurtos y hurtos en el interior de vehículos donde el lugar de comisión era una explotación agrícola y ganadera.

LA UNIÓ señala que estas cifras refuerzan su posición a la hora de reclamar medidas que sirvan para frenar la delincuencia en el campo valenciano, en primer lugar a través de aumentar el número de efectivos policiales en las zonas rurales más vulnerables y un aumento de la vigilancia; pero también a través de medidas coercitivas que hagan desistir la comisión de sustracciones. En este sentido la reforma del Código Penal, aprobada por el Consejo de Ministros en septiembre del pasado año, sigue estancada en su proceso de trámite parlamentario cuando debería haber sido tramitada por vía de urgencia porque por primera ocasión contiene aspectos para mitigar o disuadir los robos en el campo. LA UNIÓ ha demandado a la Delegación del Gobierno que “intermedie para lograr una agilización de la tramitación y aprobación de la reforma del Código Penal tan esperada por el sector agrario para que los autores de este tipo de delitos sepan que las penas van a ser más duras que las actuales”.

Otro aspecto a trabajar y mejorar en los robos de las zonas rurales es la persecución e inspección de las empresas (almacenes, chatarrerías, etc.) que compran producciones agrarias o de otro tipo y no puedan demostrar su procedencia o enclaves potencialmente susceptibles de vender mercancía robada, tanto de producto agrícola como de material como cobre, herramientas, etc.

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