El PPCV recurre el decreto sobre el uso de lenguas en la administración
El Grupo Parlamentario Popular en Les Corts ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) recurso contencioso-administrativo contra el decreto del Consell por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la administración de la Generalitat. El GPP considera que este decreto "margina y excluye" al castellano y además podría dictaminarse nulidad en los actos administrativos si finalmente se considera que hay partes del decreto nulas.
Así lo han explicado el presidente del GPP en Les Corts, Jorge Bellver, y la portavoz de Justicia del grupo, María José Ferrer San-Segundo. Bellver ha recordado que ya el pasado noviembre presentaron ante la Dirección General de Política Lingüística una serie de observaciones, "pero el Consell no hizo ni caso y eso nos obliga a interponer un recurso contencioso-administrativo y pedir la suspensión cautelar de este decreto". El recurso se registró el pasado 12 julio.
Bellver ha afirmado que desde el GPP "pensamos que el valenciano, una de las señas más importantes de identidad de nuestro territorio, se defiende con la formación, no con la imposición", y ha señalado que la sociedad valenciana "ya empieza a estar harta de los enfrentamientos en los que el tripartito se encuentra como pez en el agua". Así, ha recordado "ataques contra los periodistas, como vemos por parte de uno de los miembros del Consell Rector de la CVMC, ataques al CJC, a los padres y a los colectivos de padres que defienden la libertad de educación para sus hijos y ataques a los jueces que dictan autos y sentencias que no satisfacen a Oltra. Son ataques al pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho".
El diputado popular ha explicado que el Consell "dice que este decreto se redacta por el interés ciudadano, pero lo cierto es que en todo 2016 solo hubo 82 quejas en este apartado. En cambio, de las 1.120 quejas de dependencia, que suponen el 13% de las presentadas, no dicen ni palabra. Oltra está desaparecida, huye de Les Corts y no quiere dar explicaciones. Es inaceptable".
Bellver ha señalado que la marginación del castellano "es uno de los principios fundamentales en los que se basa el recurso". "Entendemos que para defender el valenciano no hace falta marginar el castellano, y es lo que se produce aquí, con un ataque innecesario. En 13 de los 17 artículos el valenciano no solo se califica de preferente, sino como excluyente. En notificaciones, procedimientos administrativos y comunicaciones de la administración el valenciano ha de ser preferente. Cuando alguien pida que esté en castellano ¿se paraliza el proceso?", se ha preguntado.
A juicio de Bellver, "el Consell y especialmente Compromís busca, y así aparece constantemente en todo el decreto, poner al mismo nivel la cooficialidad de las lenguas y el ámbito lingüístico común, y no tiene nada que ver la cooficialidad de una lengua con el ámbito lingüístico, que es un concepto extrajudicial".
Expediente y medidas cautelares
Por su parte, Ferrer San-Segundo ha explicado que tras la interposición del recurso "la administración tiene que entregar el expediente y en ese momento formalizaremos con mayor profundidad las alegaciones". Asimismo, ha explicado que se ha pedido cautelares. Al respecto, ha señalado que "no nos vamos a poner tan nerviosos como la vicepresidenta, porque no admitir una medida cautelar no significa que no atiendan al fondo. Las medidas cautelares están para defender los derechos de las personas que de ser aplicada la norma hubieran resultado afectadas".
La diputada popular ha señalado que el decreto "parte de que todas las personas que residen y trabajan en la Comunitat Valenciana tienen un nivel óptimo de valenciano, y no es así. La Constitución y el Estatut garantizan el derecho a no ser discriminados por razón de lengua. El CJC ya ha advertido a la Conselleria, y no les han hecho caso".
Ferrer San-Segundo ha explicado que el decreto "puede tener efectos a nivel económico como contrataciones, embalaje o etiquetados", y también habla "de notificaciones exclusivamente en valenciano entre administraciones, como en Justicia, lo que puede provocar retrasos". En ese sentido, ha alertado de que "puede acabar dictándose la nulidad de los actos de la administración si se determina que hay partes del decreto nulos. Dicen que en la notificación de un expediente a una persona interesada no pasa nada si se hace en otro territorio del mismo dominio lingüístico, pero no es verdad, porque lo que rige en administración no es el dominio lingüístico, sino la lengua cooficial y el valenciano solo lo es en la Comunitat Valenciana. Es una cuestión jurídica y podría determinar la nulidad. Es muy grave porque puede ser irreversible".
"Queremos que se potencie el valenciano, pero no es legal que el valenciano sea excluyente del castellano. Puede provocar problemas a los funcionarios en su trabajo diario y también problemas con los ciudadanos, que son destinatarios", ha señalado.
Por último, Bellver ha explicado que si ahora se hace una norma regulando los usos lingüísticos "debe garantizarse los derechos de todos los ciudadanos". "Hoy en día no hay ninguna norma y por tanto las comunicaciones se hacen tanto en castellano como en valenciano, no es excluyente y esa es la diferencia con lo que quiere hacer el Consell del Titànic".
