El PPCV pide a Puig que reclame a Sánchez un nuevo fondo para cubrir los gastos extras de los ayuntamientos generados por la gestión del IMV
Bastidas: “Los gastos derivados de la gestión deberán afrontarlos las entidades locales, es la política de la izquierda: yo invito y tu pagas”
La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Elena Bastidas, ha pedido al Presidente de la Generalitat, Ximo Puig “valentía” para reclamar al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez un nuevo fondo para cubrir los gastos extras de los ayuntamientos generados por la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para no poner en riesgo la tramitación de las ayudas.
Así, ha presentado una propuesta destinada a crear un nuevo fondo que permita a aquellas entidades locales que asuman la gestión de esta nueva prestación, a través de convenios con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), para “atender su gestión con garantías y asegurar la tramitación de las ayudas sociales ya existentes en las mismas”.
“Puig tiene que tener perspectiva municipalista, por el bien de los valencianos y de los ayuntamientos” ha señalado al tiempo que ha explicado que “sufrimos una doble vergüenza: por un lado la Comunitat ha sido relegada respecto a otras CCAA para tramitar directamente el IMV y, por otro, los municipios valencianos tienen que compensar el maltrato que sufren los ayuntamientos por parte del PSOE que no solo expropia los remanentes cuando más necesarios son para afrontar gastos sociales, sino que además carga a sus espaldas este nuevo recurso”.
“Lo que sabemos es que las CC.AA y los ayuntamientos podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el INSS el convenio que les habilite para ello" y así, en el marco del correspondiente convenio “podrá acordarse la posterior tramitación y gestión previas".
Esto significa, ha explicado Bastidas, que los gastos extra derivados de esta gestión deberán afrontarlos las entidades locales "exclusivamente con cargo a los ingresos corrientes que prevean obtener en el mismo ejercicio en que se inicie el procedimiento". “Es la receta típica de la izquierda, yo invito y tú pagas”, ha criticado.
Agravio comparativo
Además, ha señalado, sabemos que determinadas comunidades autónomas, podrán gestionar esta nueva prestación, “un agravio comparativo entre ciudadanos de unas y otras comunidades autónomas que contradice la igualdad entre españolas consagrada por la Constitución Española”.
“Es imprescindible poder garantizar que todas las comunidades autónomas pueden participar de la misma manera en la tramitación y gestión de esta ayuda si consideran que es lo más adecuado para sus ciudadanos”, ha señalado.
Es más, se trata de un ingreso, por tanto, que tiene los mismos objetivos que los que ya están gestionando CC.AA y entidades locales, pero el Gobierno central “no ha consensuado esta medida con las comunidades ni con los ayuntamientos ni ha contado con la opinión de estas administraciones durante la elaboración de la norma. Esto puede dar lugar a duplicidades e ineficiencias en la gestión además de generar incertidumbre e inseguridad jurídica”.
El PP ha reclamado también “enviar de forma urgente y antes de que esta prestación entre en vigor, a todas las entidades locales el borrador del texto de convenio que tendrían que firmar para gestionar el Ingreso Mínimo Vital para que puedan analizar con sus servicios técnicos las implicaciones económicas, jurídicas y de gestión que se derivan de dicho convenio.
En el ámbito local, son muchas las ayudas sociales que proporcionan alimentos, ayudas para el pago del alquiler, escuela infantil, gastos médicos o pago de impuestos, “por mencionar solamente algunos ejemplos de las diferentes necesidades que cubren estas ayudas, a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación vulnerable y no disponen de suficientes ingresos para subsistir”.
Las entidades locales, que ya venían asistiendo y ayudando a los vecinos y familias más vulnerables de sus municipios, han reforzado durante la pandemia las áreas de servicios sociales y aumentado las partidas presupuestarias destinadas a estos servicios y a las ayudas gestionadas por los mismos para atender al creciente número de españoles que han pasado a estar en riesgo de exclusión social como consecuencia de la pandemia.
