El PPCV exige responsabilidades inmediatas a Bravo por la adjudicación ilegal de las obras del TSJCV
La portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, MarÃa José Ferrer San-Segundo, ha exigido hoy a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, "que asuma responsabilidades de inmediato", después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya anulado las obras del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Ferrer San-Segundo ha recordado que ya habÃa advertido, "expresamente y en varias ocasiones, también en sede parlamentaria", que la adjudicación 'a dedo' de estas obras a la empresa Tragsa "acarrearÃa numerosos problemas, conllevando la paralización, y retraso, de la rehabilitación del TSJ". "Y, como siempre -ha proseguido- Bravo y el Consell Botà nic de Puig/Oltra, que fue también avisado de la 'ilegalidad' por la Cámara de Contratistas instando la revocación de la encomienda, hicieron oÃdos sordos y siguieron a la suya, ignorando, no solo las razonadas argumentaciones del Partido Popular, sino también el clamor del sector". El recurso fue interpuesto por la Confederación Nacional de la Construcción y apoyado por numerosas organizaciones representativas en la Comunitat Valenciana.
La diputada popular incluso presentó en Les Corts una baterÃa de preguntas y requerimientos documentales a la consellera de Justicia, aún no atendidos por Bravo, sobre el proceso seguido en la adjudicación de las obras, "que ha recibido las denuncias de profesionales y entidades de un sector tan precarizado y necesitado de trabajo, por considerar 'ilegal' la contratación". Entre las preguntas que formuló la diputada figuraba "por qué se licitó el proyecto con exigencias imposibles de cumplir para ser declarado desierto, y apoyándose en ello adjudicar 'a dedo' también la ejecución de toda la obra de forma directa impidiendo la libre concurrencia; o cómo se habÃa determinado el precio de las obras sin tener el proyecto".
Asimismo, Ferrer San-Segundo preguntó expresamente a la Consellera de Justicia "qué medidas habÃa tomado, antes de realizar la adjudicación, para paliar la previsible paralización y considerable retraso en la realización de las obras si se declaraba la ilegalidad de la adjudicación", ahora decretada, "y para asumir su evidente responsabilidad en cuanto asà ocurriera".
"Que el proceso seguido por Bravo en la contratación de un obra tan importante, e inaplazable, como la remodelación de TSJCV, podÃa ser declarado ilegal, era una evidencia para cualquier jurista con mÃnimo nivel de pericia" -ha explicado la portavoz de Justicia popular. "Pero es que, además, fue denunciado públicamente una y otra vez, ante Bravo y el Consell. Y ni aun siendo reiteradamente advertida, revocó la contratación para corregir la irregularidad y no causar más demoras ni perjuicios", ha proseguido.
Ferrer San-Segundo ha resaltado, finalmente, que "incurrir en ilegalidades, cuando además son especialmente alertadas, resulta especialmente grave, inexcusable, en una Consellera que presume continuamente de su formación jurÃdica". "Una gestión irregular -además no es la primera- que provoca perjuicios previsibles en lugar de evitarlos, exige asumir responsabilidades, jurÃdicas y por supuesto polÃticas: su dimisión inmediata. Puig no puede mantenerla un minuto más en una responsabilidad gestionada de forma irresponsable", ha concluido.