El PPCV estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad al Decreto-Ley de Vivienda porque genera inseguridad e infringe el ordenamiento jurídico
Solicitará que se tramite como Proyecto de Ley porque “quebranta gravemente el ordenamiento jurídico, leyes civiles y la Constitución”
La portavoz del grupo Parlamentario Popular (GPP), Isabel Bonig, ha anunciado hoy que el PP está estudiando interponer un recurso de inconstitucionalidad al Decreto-ley de tanteo y retracto de Vivienda que prepara el Consell “si no hay voluntad de negociación” porque regula derechos que son competencia del Estado y que, por lo tanto, “genera inseguridad jurídica” para familias, empresas y “está haciendo que todas las operaciones de compra-venta se paralicen”.
Bonig se ha referido de esta manera en la Junta de Síndics sobre el Decreto Ley que prepara el vicepresidente segundo y responsable de Vivienda, Martínez Dalmau, y ha adelantado que solicitará que se tramite como Proyecto de Ley porque “infringe gravemente el ordenamiento jurídico, leyes civiles y la Constitución”. Se trata de un texto “claramente inconstitucional porque no da seguridad jurídica en un momento en el que la Administración tiene que dar seguridad a las familias, a las empresas que se dedican al alquiler, a la adquisición de vivienda y a la construcción, a un sector que genera empleo y riqueza”.
Desde el PPCV, “apelamos al sentido de responsabilidad del PSOE y que no se deje arrastra por Podemos, porque este Decreto-ley es manifiestamente inconstitucional y hace que todas las operaciones de compra-venta de inmuebles estén paralizadas en la Comunitat Valenciana. Esperamos que el PSOE sea capaz de parar esta propuesta”.
Bonig ha señalado que el parque de vivienda pública de la Comunitat valenciana tiene 2.000 viviendas ocupadas ilegalmente y unas 1.000 viviendas desocupadas y ha señalado que además, se pueden “buscar fórmulas de colaboración pública-privada para poner viviendas a disposición de los más vulnerables”.
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Respecto a las últimas declaraciones relacionadas con la quita que contó con el visto bueno del Presidente Ximo Puig a una empresa de la que recibió dividendos, ha pedido a la izquierda valenciana que "se aplique su doctrina, ellos que eran los de pedir la asunción de responsabilidades políticas y de la transparencia deberían aplicárselo ahora”.
Comisión de Reconstrucción
Bonig ha lamentado que el Consell “que ha hecho de la transparencia su bandera” siga negándole documentación a los grupos de la oposición y ha recordado que de las 107 prórrogas solicitadas por el Consell para entregar documentación, 83 son para el PP. “Entendemos y comprendemos la magnitud a la que se enfrenta el Consell, pero hay 330 altos cargos que podrían resolver esas solicitudes. Esta actitud es una constante en la legislatura y en la pasada de una izquierda que antes hacía de la transparencia su bandera”.
“Utilizar la Justicia para reclamar lo que por derecho nos corresponde y nos niega el Botànic es ya una seña de identidad de la izquierda valenciana, ya llevamos más de 20 sentencias condenatorias”, ha señalado.
Bonig ha recordado las múltiples veces que el PP ofreció al PSOE un acuerdo para poner en marcha el Plan de Reconstrucción, “hemos apoyado al Presidente y si la Comisión de Reconstrucción existe es gracias al PP, pero ¿quiere Puig llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición?”. Así, ha recordado que “han vetado todos los comparecientes planteados por el PP y somos el único partido que ha presentado tres documentos: el Plan de reconstrucción económico social, el decálogo de medidas sanitaria consensuado con la sociedad civil y el decálogo de medidas educativas”.
En este sentido, ha trasladado la gratitud del PPCV a los profesionales sanitarios y asociaciones que han sido vetadas en la Comisión de la Reconstrucción “sin motivos, entidades con las que nos hemos reunido porque el PP va a ser la voz, los ojos y oídos de aquello a los que se les ha negado la presencia en Corts”.
