El PPCV censura las “apariencias y carencias” del Plan de Infraestructuras Judiciales del Consell
El PPCV ha censurado hoy las "apariencias y carencias" del Plan de Infraestructuras Judiciales del Consell, presentado "tres años después de iniciada la legislatura" por la Consellera Bravo y que no prevé ejecutar ninguna nueva construcción este periodo.
La portavoz de Justicia en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, ha recordado que desde el Grupo Parlamentario Popular "se ha venido reclamando reiteradamente desde el primer momento una programación y actuaciones efectivas en infraestructuras judiciales mediante resoluciones y enmiendas a los presupuestos. Porque, "como se ha denunciado una y otra vez, la legislatura de Bravo ha tenido un mantra: mucho lamento y muy poco cemento".
La diputada ha resaltado que la Consellera de Justicia "ha venido anunciando un Plan año tras año. Lo hizo en 2016, y lo volvió a incluir como una de las '10 medidas estrella' del Seminario del Consell de Sagunto en enero de 2017, con el compromiso expreso de presentarlo el primer trimestre del año pasado".
"No ha hecho nada y ahora -ha incidido Ferrer San Segundo- nos presenta un 'plan' a 4 años, cuando ya ha pasado más de uno, queda menos de otro para que acabe la legislatura y prácticamente todo, y desde luego la ejecución de obras, se deja para la siguiente. Lo que pone de manifiesto que Bravo dada su incapacidad para llevarlo adelante confía más en el PP, que es quien gobernará a partir de 2019".
La portavoz popular ha desgranado el contenido del 'plan', desvelando que de las 'nuevas construcciones" anunciadas, "ninguna comenzará en esta legislatura. Salvo dos menores que sorprendentemente se incluyen, cuando ya están hechas antes de presentar el Plan".
"Y en cuanto a la conclusión de las obras -ha proseguido la diputada- ni una sola estará acabada esta legislatura: seis se desplazan hasta 2020, tres a 2021, una a 2022 y otra la dejan 'en estudio' sin previsión de plazo alguno".
Ferrer San-Segundo ha "censurado que no se proyecte ni una sola construcción de nuevas sedes judiciales en la provincia de Castellón, aplicando solo un 1,3% del Plan, únicamente 2,6 para rehabilitaciones de los aparentes 200 millones, olvidando absolutamente las sedes judiciales de las ciudades de Castellón, Vila-real o Segorbe."
La portavoz de Justicia también ha criticado que "la intervención finalizada en el Palacio de Justicia de Alicante Benalúa, largamente esperada, se fía a un lejano 2022 y no cuenta con compromiso de fechas concretas en el cronograma del plan presentado". La rehabilitación integral del TSJCV, "retardada durante toda legislatura, aún no ha iniciado la obra, nuevamente demorada tras ser declarada desierta en este mes de julio la redacción del proyecto y dirección".
Ferrer San-Segundo ha cuestionado que "tres años perdidos después y cuando estamos ya dando la última vuelta, Bravo presenta un pretendido Plan, plagado de carencias y apariencias, en el que todas las actuaciones estaban ya programadas por el Consell del PP y las hemos venido además reclamando durante toda la legislatura. Una legislatura desperdiciada a pesar de que el Consell del Botànic ha dispuesto de 4.000 millones más que el último popular".
"Aunque -ha proseguido la diputada- esa gestión de apariencia es algo que no nos extraña en la Consellería de Bravo, que ejecutó en 2016 solo un 17% del presupuesto de inversiones reales, 1.3 millones; pagó en 2017 únicamente un 29,16%: 7,9 de 27,4 millones; y a 30 de junio de 2018, tan solo ha abonado el 16,74% del presupuesto, 5 de 30,3 millones."
El GPP ha presentado en Les Corts una batería de preguntas para que la Consellería de Justicia "se comprometa con obras y fechas sobre la construcción de lo recogido en el Plan, e informe qué importe de los 200 millones anunciados va a pagar en realidad esta legislatura". En concreto ha preguntado por el coste total de la publicidad del Plan, obras de nueva construcción que se ejecutarán y abonarán en esta legislatura especificando su cuantía concreta, por qué no se prevé ninguna nueva construcción para la provincia de Castellón o en qué fechas se iniciarán y concluirán las obras en Benalúa-Alicante y en el TSJCV.
Ferrer San-Segundo ha recordado que "Puig y Oltra han repetido una y otra vez que el presupuesto de Justicia y Administración Pública de este Consell es el más alto de la historia. Pero esto tampoco eso es verdad. El importe para 2018 es de 313 sobre un presupuesto general de 20.000 millones de euros, mientras que en 2008 fue de 328,3 en uno de 12.800 y en 2010 de 350,8 millones cuanto el total disponible era muy inferior al actual, concretamente 14.300 millones."
Por último, la representante popular ha lamentado "la legislatura en blanco en infraestructuras judiciales del Botànic, perdida en una nube de intenciones que fía a quien esté en la siguiente. Lo triste es que Bravo prometió el 'Papel 0' en Justicia y sólo nos ha traído el 'Ladrillo 0'", ha concluido.
