El PPCV anima a las familias a presentar recursos ante la imposición del valenciano
“La gente quiere libertad y solo pedimos a Educación que respete la ley y que las familias puedan elegir”
El PPCV anima a las familias a presentar recursos ante la imposición del valenciano en los centros para el próximo curso y asesorará jurídicamente a quien lo solicite al considerar que se están vulnerando los derechos de los alumnos, incumpliendo el Estatuto de Autonomía y vulnerando la Constitución.
Así lo ha señalado la portavoz del PP de educación en las Cortes Valencianas, Beatriz Gascó, quien está manteniendo en los últimos días diversas reuniones informativas y de trabajo con representantes populares en zonas castellano-hablantes, animando a que las familias impugnen los proyectos lingüísticos interponiendo recursos de alzada. “Todas aquellas personas que consideren que se están vulnerando los derechos de sus hijos en el aula contarán con el apoyo jurídico del Partido Popular. Queremos que sepan que no están solas en la defensa de su libertad y sus derechos”.
Beatriz Gascó ha señalado que “vamos a pelear para que no se imponga una forma de actuar sectaria. La gente quiere libertad y solo pedimos a Educación que respete la ley y que las familias puedan elegir”.
La diputada popular ha afirmado que “tenemos que ser conscientes de lo que se nos viene encima el próximo curso. No tiene sentido, por ejemplo, que un alumno esté exento de la asignatura de valenciano pero que le impongan obligatoriamente como mínimo un 25% del currículum en valenciano. Los proyectos lingüísticos de cada centro se están aprobando estos días sin ningún diálogo. La ley obliga a un proceso participativo que no se ha llevado a cabo. Que se intente disfrazar de consenso la aprobación de los proyectos lingüísticos por los consejos escolares es una tomadura de pelo porque más del 95% de las familias no ha participado en este proceso de la elección de lengua para sus hijos. Esto es un atropello y el calendario de imposición es vertiginoso. Puig y Marzà solo nos dejan la vía jurídica”.
“Cuando Puig dice que el castellano no está en peligro está obviando la ley. Nadie puede ser discriminado por la lengua. La ley debe ser para garantizar el futuro de los jóvenes, no para restarles libertades. Y la realidad, aunque intenten ocultarlo o quitarle importancia, es que hay muchos municipios donde no hay alternativa y no se puede estudiar en castellano. Lo ha dicho el TSJ valenciano. Con Puig, en seis años hemos avanzado hasta equipararnos a la situación en Cataluña tras 40 años de gobiernos nacionalistas”.
Por último, la diputada popular ha recordado que “dentro de dos años, cuando el tripartito de izquierdas deje el gobierno valenciano, eliminaremos el requisito lingüístico en la ley de la función pública y la ley de la imposición lingüística en la enseñanza”.
