El PPCV adelanta que presentará una enmienda a la totalidad a la Ley de Función Pública porque “nace vieja”
· Hay asuntos que no se regulan en el proyecto de ley como el teletrabajo o el trasvase de funcionarios en circunstancias excepcionales y “no contemplarlas sería una barbaridad”
El portavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular (GPP), José Antonio Rovira, ha señalado hoy que el PPCV presentará una enmienda a la totalidad para que el proyecto de la nueva Ley de Función Pública de la Administración valenciana vuelva al Consell para que incluya los nuevos aspectos a desarrollar ante situaciones como las vividas en los últimos meses. “Esta ley nace ya vieja”.
“El proyecto que propone la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, está desfasado porque hemos vivido una situación excepcional, y hay asuntos que no se contemplan en este proyecto de ley y no regularlas sería una barbaridad” ha señalado Rovira.
Así ha detallado que es imprescindible contemplar el teletrabajo y la posibilidad de “que haya funcionarios que puedan pasar de una conselleria a otra ante circunstancias de emergencia. Son medidas urgentes, necesarias y provisionales y esto no viene regulado de ningún modo”.
En la actualidad, ha explicado, la única legislación relativa al teletrabajo es una disposición adicional de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana, y el Decreto 82/2016, de 8 de julio, del Consell, por el que se regula la prestación de servicios en régimen de teletrabajo del personal empleado público de la Administración de la Generalitat.
“Pero ninguna de ellas – ha añadido-- estaba planteada para hacer frente a una situación como la vivida, y los valencianos necesitamos tener una Administración pública eficaz como solución a muchos de nuestros problemas, una administración que no puede quedar paralizada por un confinamiento o por cualquier otra catástrofe”.
Así mismo, ha señalado que no tiene sentido que el Consell haya aprobado la compra de 1.500 ordenadores portátiles y 600 monitores con elementos de videoconferencia para el teletrabajo del personal de la Administración valenciana, por 1,5 millones de euros y, al mismo tiempo, no lo regule en la Ley.
