La potencia de generación eléctrica tramitada en la Comunitat Valenciana podría duplicar la potencia actualmente existente
Acció Ecologista–Agró considera que las críticas del sector de las energías renovables a la lentitud de la tramitación no responden a la realidad, sino que tienen por objeto relajar los criterios de defensa del territorio
Acció Ecologista–Agró ha estado estudiando la potencia instalada y la potencia en tramitación en la Comunidad Valenciana, y constata que la potencia de energía fotovoltaica que se está tramitando, es el doble de la potencia instalada hasta la actualidad.
Por un lado, datos del Laboratorio de Análisis de Políticas (IvieLAB), señalan que la potencia neta total instalada en la Comunitat Valenciana ascendió en 2018 a 8.224 MW. Por otro lado, de acuerdo con los datos que Acció Ecologista–Agró ha recibido de la Administración Autonómica, en agosto de 2023 se habían aprobado o estaban en tramitación un total de 9.800,69 MW, sólo en energía fotovoltaica. De los cuales, 2.190 Mw ya se han aprobado y están pendientes de ser construidas y 7.610 están en tramitación.
Es decir, que los 8.224 Mw que se habían autorizado y puesto en funcionamiento a lo largo de décadas, ahora se van a duplicar en unos pocos años. De hecho, el total de expedientes que se están tramitando supera los 400 proyectos, muchos de ellos colindantes con espacios naturales protegidos.
Hay que recordar que los 2.190 Mw de proyectos aprobados suponen una potencia instalada equivalente a dos centrales nucleares como la de Cofrentes, y el camino es instalar el equivalente a 10 centrales nucleares. Esto es un reto para la administración autonómica, pues debe tramitar un número muy elevado de expedientes complejos de evaluación ambiental, en los que participan diversas administraciones. A lo que se suma la presión de empresas del sector que quieren eludir trámites y obtener diligencias aceleradas y beneficiosas para poder verter antes a la red.
Acció Ecologista–Agró considera que la situación es contraproducente y cree que obedece a una escasa planificación. En el año 2015 se limitó la instalación de plantas fotovoltaicas a través del impuesto al sol, para acabar siendo derogado en 2018. Este suceso supuso la quiebra de diferentes empresas y un parón en su despliegue y evolución. La reapertura al sector en el año 2018 se realizó en tromba y cuatro han sido los factores que han condicionado la situación actual:
Por un lado se facilitó la tramitación de expedientes limitando trámites y plazos. Por otro, Red Eléctrica fomentó la instalación de numerosas plantas, concediendo un elevado número de derechos de enganche. Además, la Administración Estatal estableció un sistema de hitos, con sus plazos, que querían evitar la especulación que se había producido hasta entonces; pero, que ha generado una excesiva urgencia en realizar las tramitaciones, con el objeto de evitar la caducidad de los expedientes. Y, por último, la administración delegó en empresas mercantiles la implantación, obviando una serie de criterios que garantizasen la protección de territorios, tal como se recoge en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Todo esto ha ocasionado un embudo en la tramitación de expedientes, que, a juicio de Acció Ecologista–Agró, no se pueden resolver relajando las garantías ambientales y sociales, como propone la patronal del sector AVAESEN. El error de la administración ha sido querer hacer el trabajo de décadas en pocos años y esto supone efectos indeseados. Un primer problema es que, al delegar el proceso en empresas mercantiles, no se está llevando a cabo una transición justa y sostenible. Las plantas se están instalando en determinadas comarcas rurales, por el hecho de tener terrenos más extensos y baratos de cultivo, generando problemas ambientales y sociales al restar empleo a la agricultura. Además diversas plantas van a tener problemas para ejecutar los trabajos de construcción. En este sentido, las empresas constructoras están teniendo que traer a trabajadores de otros países para realizar las instalaciones en condiciones poco recomendables. Por último, la rentabilidad de las plantas comienza a estar en entredicho, pues se está instalando más potencia de la que puede absorber el mercado.
Tampoco es cierto que la Comunidad Valenciana vaya a la cola en la tramitación e implantación. Según datos de Red Eléctrica Española, la Comunidad Valenciana, actualmente tiene una potencia instalada y en funcionamiento de 423 Mw, pero está por delante de 10 de las 17 Comunidades Autónomas: Cataluña (296 MW), Canarias (212 MW), Baleares (225 MW), Navarra (167 MW), La Rioja (99 MW), Madrid (64 MW) y País Vasco, Cantabria, Asturias o Galicia. Las Comunidades Autónomas con mayor potencia instalada son aquellas con mucha más superficie y con terrenos de secano y latifundio, más atractivos para el sector.
Por ello, consideramos que las peticiones de tramitaciones más rápidas y con relajación de trámites y de procedimiento de evaluación ambiental al que deberá someterse cada instalación, obedece a intereses de las empresas de salvar proyectos de difícil justificación. Mientras tanto, la tramitación de las instalaciones fotovoltaicas de particulares en cubiertas, mucho más sencillas, se alargan de manera injustificada, obstaculizando la implantación de un modelo energético de proximidad y descentralizado más respetuoso y sostenible para el desarrollo económico y social del territorio.
