Los polígonos industriales de la Comunitat estiman pérdidas de más del 50% tras la pandemia

La Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana, FEPEVAL, a través de su presidente, Santiago Salvador, ha presentado hoy el informe de la encuesta sobre el impacto de Covid-19 realizada a un total de 797 empresas pertenecientes a 34 asociaciones empresariales que forman parte de la Federación.

Las empresas Segurinter y KPI Controllers se han ocupado del desarrollo y diagnóstico de la encuesta, mientras que Banco Sabadell ha puesto a disposición su Hub Empresarial para la presentación. El acto ha sido presentado por el Conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, quien ha agradecido la labor desarrollada por FEPEVAL para hacer una radiografía de los efectos del COVID-19. Javier Escobar, socio director de KPI Controllers, y Fran Izquierdo, director división de Consultoría de Segurinter han dado a conocer los principales detalles del informe.

Hay que tener en cuenta que la encuesta se realizó entre el 20 de abril y el 6 de mayo, momento en el que se desarrollaron las medidas más restrictivas del Estado de Alarma, por lo que las empresas con servicios no esenciales se encontraban en ese momento con parte de su actividad paralizada o incluso cerradas.

La percepción sobre el impacto del Covid-19 sobre la facturación se consideraba muy importante según la estimación hecha por los encuestados. En el momento de su realización, el 70% de las empresas indicaron estar padeciendo una reducción de la facturación por encima del 50% con respecto al ejercicio anterior. Un 45% de las empresas aumentaban esa estimación hasta el 75%. Para los empresarios, la caída de los ingresos en las empresas asociadas a FEPEVAL se produce por motivos diversos como la falta de demanda (45%), seguida de la imposibilidad de realizar la actividad (24%), el cierre por obligación legal (23%) y la falta de suministros (8%).

Sobre el impacto en las plantillas, los encuestados indicaban que intentarían mantener a los trabajadores pese a sufrir una fuerte bajada en su facturación. En este sentido, la reducción de plantillas es menor que el que sufre la facturación. Un 44% apunta que no realizaría ajuste de plantilla, mientras que un 29% ajustaría entre el 10 y el 25%. En el sector terciario es dónde se observan mayores reducciones, tanto de facturación, como de plantilla, destacando como las más perjudicadas todas las actividades relacionadas con la hostelería. 

Las principales medidas puestas en marcha por las entidades para compensar el efecto negativo de esta crisis se centran en la reducción de la actividad (30%). Destacan medidas como la disminución de la plantilla (18%) y ERTEs (30%). La negociación con la plantilla en cuanto a ajustes de jornada (18%), teletrabajo (29%), disfrute de vacaciones (17%) o incluso el cese temporal (10%) o definitivo de la actividad, son otras alternativas utilizadas en menor medida (0,38%). Casi el 80% de los encuestados afirmaron mantener su actividad empresarial; un 47% de manera parcial y un 32% totalmente. Sin embargo, un 21% habían tenido que paralizar su actividad ante la situación en el momento de la realización de la encuesta.

Respecto a la valoración de las medidas tomadas por el Gobierno, el 78% las valoraba negativa o muy negativamente, mientras el 13% mantenía una valoración positiva o muy positiva. A la hora de valorar posibles medidas del Gobierno, se concluye que casi todos los encuestados le dan muchísima importancia a que no se aumenten impuestos (65%) y a que se agilicen pagos pendientes de la Administración dirigidos a las empresas (57%).

El 53% de las empresas que han participado en la encuesta no habían solicitado financiación con avales del Estado. Del 47% que sí lo hizo, un 15% la recibió por el importe solicitado, el 12% no la recibió, un 10% tuvo que aportar garantías adicionales y otro 6% tuvo que adquirir otros productos anexos a la tramitación, mientras un 6% la recibió pero no por el importe solicitado.

Atendiendo a su facturación destacan las microempresas, con más del 60% del peso total de la encuesta. Las pequeñas y medianas empresas alcanzan el 30%, mientras que las grandes empresas quedan reducidas a pequeños porcentajes. Atendiendo al número de empleados también demuestra el predominio de las microempresas, con alrededor del 53% de las empresas por debajo de 10 empleados. Las PYMES también representan un peso importante, aunque en menor medida (45% sobre el total).

Existen determinadas obligaciones de pago sobre las cuales los encuestados apuntan sentirse “muy preocupados” o “extremadamente preocupados” para poder afrontarlas, siendo este el caso de las cuotas de la Seguridad Social (61%), pago de impuestos (61%), sueldos y salarios (58%), pago a proveedores (44%) y préstamos financieros (43%).

Los productos de protección que más demandaban los empresarios en el momento en que se realizó la encuesta son el pack de mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico. Muchos también solicitaban gafas o mamparas protectoras, sobre todo, para la atención al cliente. El 77% de los encuestados manifiestó haber tenido problemas de abastecimiento a la hora de conseguir sus productos de protección.

Las cuatro medidas que mayoritariamente las empresas demandaban al Gobierno para ayudarles a afrontar las consecuencias del COVID-19 están relacionadas con el aplazamiento o eliminación temporal del pago de impuestos o cotizaciones sociales, el apoyo específico a PYMES o autónomos mediante subvenciones o inyecciones de liquidez. También solicitaban la flexibilidad al empresario con la temporalidad de los ERTEs. Otras medidas apuntadas fueron la suspensión temporal de convenios colectivos y sectoriales, distribución de material sanitario y de protección para el personal, etc.