Podemos rechaza la ley de expresidentes porque “ha perdido su esencia”
Podemos ha votado en el pleno de Les Corts Valencianes en contra la de modificación de la Ley 6/2002 que regula el estatuto de los expresidentes que este mismo grupo propuso porque en el trámite parlamentario “ha perdido su esencia” y se ha dejado escapar “una oportunidad histórica de determinar, sin ataduras del pasado, cuál la verdadera función que debe asumir un expresident o expresidenta, de la Generalitat valenciana, y qué beneficios y recursos le han de corresponder por serlo”, que para Podemos debían ceñirse a un tratamiento meramente honorífico, según ha destacado la portavoz adjunta Fabiola Meco.
Meco ha recalcado que esta reforma “es una oportunidad perdida, pues en la iniciativa que mi grupo planteó en su día, hace un año, y sigue defendiendo hoy con valentía, la cuestión clave estaba y está en cuál es el papel que debe tener un expresidente, a la luz de una nueva sensibilidad social que reclama transparencia, rendición de cuentas, justificada aplicación de recursos públicos, que son escasos, y cierre de puertas giratorias. Y es aquí donde las discrepancias entre los grupos se hacen manifiestas”.
La portavoz adjunta ha resaltado que a juicio de Podemos, los expresidentes de la Generalitat deben tener un reconocimiento de carácter meramente honorífico, por haber ostentado la máxima representación de la Comunitat Valenciana.
Así, ha destacado que “la dignidad de un alto cargo no se mide por ir acompañada de privilegios” y que no es “necesario ni oportuno que un expresidente disponga de una oficina desde la que atender los intereses de la ciudadanía valenciana”. Una oficina, ha remarcado, “que todos los grupos a excepción de Podemos, habían decidido mantener en términos muy similares”.
Meco ha advertido que “no sabemos el coste que tiene para el erario público mantener esta oficina, con dos asesores, un chófer, el propio local y los medios para su funcionamiento, pero sabemos que a ese coste que desconocemos y al que hemos reclamado acceder, hay que sumar hoy lo que refleja el Portal de Transparencia sobre el coste para el erario público de mantener a un expresidente en el CJC cada año, que son más de 78.000 euros”. Esta cifra supone casi 10.000 euros más de lo que cobra el actual president de la Generalitat, Ximo Puig en concepto de sueldo y complementos, que asciende a 68.000 euros.
Para Podemos "esto no sucedería si los expresidentes no desarrollaran actividades de carácter permanente o estable, sino puntual, únicamente de carácter institucional, y siempre por delegación".
La diputada ha admitido que en el trámite parlamentario se habían registrado algunos avances respecto a la anterior norma, en lo que se refiere a la obligación de rendición de cuentas de los expresidentes mediante un informe anual de actividades y de utilización de recursos y que igualmente se explicitaba la necesidad de que el cumplieran las obligaciones de transparencia impuestas a los miembros del Consell en la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
También se avanzaba, ha recordado, en la revocabilidad del tratamiento honorífico y de los medios asignados al expresidente cuando éste sea condenado por sentencia firme por delitos contra la administración pública de los tipificados en el título XIX del Código Penal, así como en el reconocimiento de una incompatibilidad entre el uso de los medios y el ejercicio de otra representación o responsabilidad política que cuente con recursos propios. Al no aprobarse la reforma, estos avances se han perdido, ha criticado.
Podemos defiende que no es justificable que esta reforma pretendiera consolidar 14 años después de aprobada la norma, “gracias al PSOE y al PP, gracias al bipartidismo, una gran puerta giratoria, que gira de lo público a lo público” en referencia a al paso de la Presidencia de la Generalitat al Consejo Jurídico Consultivo.
En este punto, ha recordado que por esta puerta, cruzó el expresidente del Consell, Francisco Camps, “que hoy es uno de los 13 responsables políticos por la nefasta gestión realizada del peor accidente de metro ocurrido en Valencia el 3 de julio de 2006 que se cobró 43 muertos, 47 heridos y una opinión pública manipulada”.
