Podemos presenta en Les Corts una Proposición no de ley urgente para garantizar el derecho de sufragio a todas las personas sin exclusiones por motivo de discapacidad
El grupo parlamentario Podemos-Podem ha presentado en Les Corts Valencianes una proposición no de ley urgente para que se garantice el derecho de sufragio a todas las personas, sin exclusiones por motivo de discapacidad intelectual. En la actualidad, 96.418 personas con discapacidad que han sido declaradas incapacitadas se encuentran privadas de su derecho al voto en nuestro país.
Podemos plantea instar al Consell a que reclame al Gobierno de España la reforma de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) de forma que el derecho al voto de las personas con discapacidad quede garantizado y, de esta manera, que ninguna persona por su discapacidad o diversidad funcional pueda ser privada del derecho fundamental de sufragio en el futuro y para que se restituya el derecho de voto a las que ahora no lo tienen.
Asimismo, solicita la adaptación de la normativa relativa al ejercicio de la capacidad de obrar de las personas con discapacidad o diversidad funcional, en cuanto su derecho al voto, en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos y ciudadanas y que se garantice la accesibilidad a los diferentes soportes de información electoral y a los colegios electorales, así como el derecho al voto secreto, el derecho de asistencia en caso de que sea necesario y que los materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender, por ser algo imprescindible para ejercer el derecho al voto.
Podemos ha recordado que La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio, establece que en los procedimientos judiciales de modificación de la capacidad, la retirada del derecho al voto deberá ser valorada expresamente por el/la juez al dictar la sentencia. Sin embargo, estos procedimientos no deberían implicar la pérdida del derecho al voto de las personas con discapacidad. Tal como reconocen diversos organismos internacionales, la privación del derecho de sufragio por causa asociada a discapacidad o diversidad funcional (intelectual, del desarrollo, mental o psicosocial y cognitiva) es una violación de derechos fundamentales que resulta flagrantemente contraria al marco jurídico internacional de la discapacidad vinculante para España.
El movimiento social de las personas con discapacidad representado por distintas organizaciones de la sociedad civil como Plena inclusión (antes FEAPS) y por el CERMI y sus organizaciones miembro, han denunciado reiteradamente esta situación, ante la inacción del Gobierno, a pesar de la obligación legal de modificar la normativa electoral para garantizar el derecho al voto de todas las personas con discapacidad o diversidad funcional.
La senadora valenciana de Podemos, Pilar Lima, ha manifestado que el hecho de que haya casi 100.000 personas que no puedan votar es un "desprecio a un derecho fundamental", algo que "un país democrático no puede permitirse".
Podemos apoya el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual u otras diversidades, considerando que la participación política que promueve y garantiza nuestra legislación en materia de discapacidad --como es la Ley de 2013 de los derechos de las personas con discapacidad-- y que cumple con las directrices marcadas por la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y que nuestro país ha ratificado, se está incumpliendo en detrimento de un derecho fundamental que perjudica la calidad democrática de nuestro país: hablamos del derecho al voto.
