Podemos plantea una moratoria a los desahucios hasta la aprobación de la ley por la Función Social de la Vivienda

El síndic del grupo parlamentario Podemos-Podem, Antonio Montiel, ha planteado hoy la necesidad de establecer una moratoria  para que se paralicen los desahucios hasta que no esté aprobado el proyecto de ley por la Función Social de la Vivienda, actualmente en trámite parlamentario.

Montiel preguntará por esta cuestión el próximo jueves al president de la Generalitat, Ximo Puig, en el marco de la sesión de control de Les Corts Valencianes, después de que el número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2016 en la Comunitat Valenciana experimentara un aumento del 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos del informe ?Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales? de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

El síndic de Podemos ha recordado  que la Comunitat Valenciana es una de las ocho autonomías en las que se ha incrementado el número de desahucios en el segundo trimestre de este año, y de hecho, ha lamentado que se trata del ámbito geográfico en el que más ha aumentado el número de desalojos.

Ante esta situación, Montiel preguntará sobre las medidas que el Consell  ha adoptado y cuáles tiene previsto adoptar a corto plazo para revertir este drama social.

Montiel ha señalado que las entidades bancarias fueron las grandes beneficiadas de la burbuja inmobiliaria y ha recordado que tras el fracaso de este modelo, fueron rescatadas con dinero público. También ha apuntado que la patronal de Bancos y cajas ha declarado en alguna ocasión que aceptarían una prórroga adicional en la moratoria para evitar desahucios a los colectivos en riesgo de exclusión.

El síndic de Podemos ha indicado que hace un año, la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, se reunió con once entidades financieras y les instó a que se comprometieran a no realizar ningún lanzamiento en viviendas habituales de personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, hasta que entre en vigor la nueva Ley de la Función Social de la Vivienda de la Generalitat Valenciana.

Sin embargo, solo tres entidades --Caixa Ontinyent, Cajamar y Caixa Popular?se sumaron a la iniciativa y  según ha alertado Montiel, los datos que se hicieron públicos la semana pasada revelan que se siguen registrando desahucios.

El  síndic de Podemos ha solicitado además la adopción de otras medidas, como que se impulse un parque público de vivienda en alquiler suficiente para cubrir las necesidades sociales y que se pongan a disposición de este fin viviendas promovidas por el antiguo IVVSA, hoy EIGE, para venta y que se encuentren desocupadas.