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Podem critica que los privilegios de los expresidentes han costado a la Generalitat desde 2003 más de un millón de euros

  • Esta formación ha vuelto a plantear reformar la ley para que los exmandatarios del Consell tengan menos prerrogativas y haya mayor transparencia

Podem ha criticado hoy que los privilegios que el estatuto de los expresidentes les otorga ha costado a la Generalitat más de un millón de euros desde 2003 de los que más de 700.000 corresponden a Francisco Camps, según consta en una respuesta parlamentaria a este grupo.

Esta formación presentó el pasado mes de enero en Les Corts una nueva propuesta para reformar la ley que regula esta cuestión en la que se elimina de actual normativa el derecho a tener oficina y personal e introduce obligaciones de informar respecto al uso que los ex jefes del Consell dan anualmente a los recursos en una memoria de actividades y económica.

Asimismo, Podem reclama que los expresidentes ya no ostenten la condición de miembros natos del Consejo Jurídico Consultivo, sino que puedan acceder al Comité Econòmic i Social (CES), sin sueldo y con limitación temporal de 5 años y también establece supuestos de revocación total o parcial por parte del pleno de Les Corts de los derechos y recursos otorgados a los expresidents de la Generalitat Valenciana, y supuestos de renuncia voluntaria, forzosa o revocación parlamentaria.

La portavoz adjunta de Podem, Fabiola Meco, ha recordado que Podem emprendió al inicio de la legislatura la reforma de la ley con la finalidad de plantearse el papel de los expresidentes de la Generalitat y ha lamentado que en aquella ocasión PP y PSOE rechazaron en Les Corts eliminar la opción que les reconoce esta ley a los expresidentes de ser miembros natos del CJC, algo a lo que se opone esta formación.

Por ello, Meco ha recordado que esta formación ha vuelto a plantear una proposición de ley para reformar este estatuto con el objetivo de que exmandatarios del Consell «tengan menos privilegios y haya mayor transparencia con lo que se hace con los recursos públicos».

De hecho, ha lamentado que los mayores gastos los origina el mantenimiento de las oficinas, «de las que no sabemos cual es su actividad, qué intereses se atienden, a qué se dedican o en pro de quién trabajan» y respecto a las que Podem se quedó solo en Les Corts en la tramitación de la anterior ley de reforma defendiendo su desaparición.

El coste total de estas prerrogativas, a las que se han acogido desde junio de 2003 a febrero de 2018 asciende a 1.020.916 euros.

Así, la conselleria de Hacienda informa de que el coste total de la oficina que mantiene Camps ha implicado desde 2011 un desembolso para las arcas de la Generalitat de 724.986 euros, por las retribuciones anuales de su secretaria --que también lo era en su etapa al frente del Consell, Susana Fayos-- y de su asesor, Francisco Campos Ibañez.

También desgrana que el coste total de Alberto Fabra por el mantenimiento de su oficina alcanza desde 2015 los 244.000 euros, que se desglosa en las retribuciones de sus dos asesoras y un chófer --Esther Pastor, Juan Carlos Tatay y, desde diciembre, de Carmen Amorós--.

En cuanto a José Luis Olivas, en el periodo en que se acogió a esta prerrogativa –2003-2004—originó un coste con cargo a la Generalitat de 51.634 euros por las retribuciones de Carmen de Paz y Alfredo Sempere, en calidad de asesora y conductor.

La respuesta detalla que la Generalitat no se hace cargo de ningún gasto de alquiler o mantenimiento de oficinas y que, como en los presupuestos de la Generalitat no existe ninguna partida para las oficinas de los expresidentes, los gastos de desplazamiento (combustible, peajes y alojamiento) solo se pueden identificar por la matrícula de los vehículos y las facturas correspondientes.

En este sentido, la Generalitat informa de que los gastos por este concepto ascienden en el caso de Francisco Camps a 40.178 euros y a 7.985 por lo que respecta a Alberto Fabra.

 

RETRIBUCIONES DE CAMPS, 90.000 EUROS EN 2018

Asimismo, informan de que según la certificación del Secretario General del Consell Jurídic Consultiu, el coste anual bruto que abonó este órgano por los conceptos de retribución y Seguridad Social de Camps ascendieron en 2018 a 90.276 euros.

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