Podem considera necesario buscar el consenso con el sector del taxi
Mediante el Real Decreto Ley 13/2018 de 28 de septiembre, el gobierno de Pedro Sánchez decidió trasladar a las Comunidades Autónomas la regulación de las condiciones de prestación del sistema de arrendamiento de vehículos con conductor en su respectivo ámbito territorial, sin perjuicio de las competencias de los ayuntamientos en materia de movilidad urbana.
Podem considera que en la Comunitat Valenciana se estaba en buena situación para abordar una regulación autonómica propia al encontrarse admitida a trámite desde julio pasado en les Corts una proposición de ley que, «aunque necesitada de numerosos cambios vía trámite de enmiendas, hubiera permitido tramitar en un plazo razonable una regulación adaptada al nuevo marco determinado por el Real Decreto Ley dictado por el gobierno central», según ha afirmado el diputado de esta formación, Antonio Montiel.
«Respetamos que Consell haya optado por dictar un Decreto Ley autonómico, pero siempre que sea una herramienta para alcanzar una regulación consensuada con el sector y que se garantice que las medidas que se establezcan puedan entrar en vigor antes del final de la legislatura", apunta Montiel. "De lo contrario, el riesgo de que estalle un conflicto similar al que se vive ya en otras capitales, estará servido", añade.
Podem defiende la búsqueda de un acuerdo con el sector del taxi que en la Comunitat Valenciana supone la existencia de cerca de 4.500 licencias en vigor y de miles las familias que tienen su medio de vida en un sector que tiene la configuración legal de "servicio público", razón por las que tanto los vehículos como los conductores están sometidos a estrictos controles y limitaciones que son medios para la seguridad jurídica y ofrecen garantías de regularidad, tanto en horarios como en tarifas, además de incorporar seguros obligatorios que protegen ante cualquier eventualidad a las personas usuarias.
«La transformación del tradicional sector de alquiler de vehículos con conductor que antes se dedicaba a servicios extraordinarios como bodas, gran turismo, representación, etc., en una oferta indiscriminada de servicios con precio liberalizado a través de plataformas de contratación operadas por multinacionales irresponsables ante la persona usuaria, crea confusión, precariza y puede derivar en una sobrecarga indeseable de nuestras ciudades y carreteras mediante transporte no regulado que derive en un caos», afirma el diputado.
Para Podem es imprescindible regular en el ámbito autonómico para diferenciar la oferta en beneficio de las personas usuarias al tiempo que se incorporan medidas de control de las VTC que operen en nuestro territorio que eviten tanto el exceso de oferta como la precarización de las condiciones laborales de sus conductores y se refuerzan las garantías a las personas usuarias.
Estas medidas podrían articularse, en opinión de Podem, a través de la limitación del número de autorizaciones de VTC para respetar la proporción establecida a nivel estatal de una VTC por cada 30 taxis, la posible aplicación de un distintivo autonómico y la exigencia de un periodo de precontratación mínima, que nunca debería ser inferior a una hora tal y como ya se plantea en Barcelona.
«Aunque creemos que los ayuntamientos deben tener una participación decisiva en la concertación de esta medidas, parece necesario que exista una regulación general y común al conjunto del territorio autonómico que incluya también la necesidad de acreditar la cualificación de los conductores así como unas condiciones técnicas mínimas para los vehículos de alquiler con conductor», concluye Montiel.
