La Unión Europea obliga a La Pobla a construir colectores para los más de 4.400 chalés que vierten sus aguas residuales en fosas sépticas
El PSPV insta a la alcaldesa a cumplir las recomendaciones europeas
La Unión Europea obligará al Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona a conectar a la depuradora del municipio los más de 4.400 chalés del área norte que a día de hoy vierten sus aguas residuales en fosas sépticas. Para ello, deberá construir una red de colectores de aguas residuales que permita el tratamiento de este tipo de residuos para evitar su enorme impacto sobre el entorno natural.
Se trata de una de las obligaciones previstas en el “Pacto de alcaldes de la energía” de la Comisión Europea para el ahorro energético y lucha contra el cambio climático aprobado por el pleno municipal de la Pobla. Este plan supone una reducción de las emisiones de dióxido de carbono y la elaboración de un programa alternativo de energías sostenibles.
Sin embargo, los más de 4.400 chalés que vierten actualmente en fosas sépticas provocan un desastre ambiental en la Pobla y, por tanto, la Unión Europea obligará a este municipio a comprometerse con el respeto del medio ambiente y a la construcción de los correspondientes colectores de tratamiento de aguas residuales con el objetivo de resolver un problema endémico.
El portavoz del PSPV, Jaume Cortina, considera “una prioridad” del Ayuntamiento la construcción de una adecuada red de colectores en el área norte “ya que el texto aprobado en el pleno no debe quedarse en una declaración de intenciones y un viaje de la alcaldesa a Bruselas con todos los gastos pagados sino en un compromiso decidido por respetar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Pobla”.
Las 4.400 viviendas afectadas pertenecen a las urbanizaciones del área norte denominadas Barranquet, Aljubs, Casa Blanca, Gallipont I, Hornillo, Lloma Llarga I, Lloma Llarga II, Lloma del Porret, Mallaeta, Manguilla, Maquiva, Mas de Jiménez, Mas Nou, Pedrera, Pla de la Cova, Pouet y Rincons. La mayoría de estas urbanizaciones de la Pobla se construyeron en los años 80 y 90 al amparo de la permisividad del PP cuyo objetivo principal consistía en un crecimiento urbanístico desorbitado sin atender a criterios racionales de respeto al medio ambiente ni tampoco de equilibrio respecto de los servicios básicos para los futuros habitantes de la localidad.
El PSPV ha lamentado también la escasa voluntad de la alcaldesa Mari Carmen Contelles de poner en marcha la Agenda 21 ya que carece de una partida en el presupuesto económico de 2009, de forma que su compromiso público queda desmentido con su indolente político medio ambiental “pues es incapaz de fomentar el uso de energías alternativas en los edificios públicos, de impulsar el uso de los medios de transporte sostenibles entre los ciudadanos, su nulo interés por construir más zonas verdes en el término municipal o el uso indiscriminado de la energía eléctrica”.
La existencia de las más de 4.400 viviendas del área norte sin una red de alcantarillado público es una de las herencias de los 20 años de gestión del Partido Popular en el municipio y que ahora deberán satisfacer las arcas públicas para resolver la falta de planificación y ordenación territorial correcta por parte del Ayuntamiento de la Pobla. A la falta de colectores de aguas residuales cabe añadir la inexistencia de alumbrado público o las calles sin asfaltado en la mayoría de las urbanizaciones.
