El PSPV denuncia que el Ayuntamiento ha devuelto el aval de 5 millones de euros antes de terminar la urbanización del Mas de Jiménez

El PSPV-PSOE ha anunciado que la alcaldesa de la Pobla de Vallbona, Mari Carmen Contelles, firmó el pasado 9 de febrero un nuevo convenio con la promotora Martinsa Fadesa –sin autorización previa del pleno municipal- en el que se comprometía a la devolución del aval de 5 millones de euros que había depositado esta empresa sin que se hayan terminado aún las obras de urbanización de los 450 chalés de Vistacalderona, en el área norte del Mas de Jiménez.

Según los socialistas, el convenio firmado entre ambas partes, Ayuntamiento y empresa, no prevé ningún plazo de ejecución de las obras ni tampoco obliga a la mercantil a depositar en un banco los más de 2 millones de euros que todavía faltan para la construcción de la carretera principal de acceso. El pleno municipal de la Pobla aprobó hace ya meses retirar la condición de agente urbanizador a la empresa Martinsa tras entrar en suspensión de pagos y asumir este papel el propio Ayuntamiento pero a lo largo de todo este tiempo ha sido incapaz de llevar a cabo la totalidad de las obras.

Por el contrario, el Ayuntamiento pierde toda la fuerza legal para obligar a la empresa a finalizar las obras ya que a los tres días de la firma del convenio de la alcaldesa se le devolvían los 5 millones de euros previstos en los avales bancarios depositados en su momento para construir los 450 chalés. Los viales interiores consistentes en asfaltado de calles, soterramiento de una línea de alta tensión, alumbrado público y colectores todavía no han finalizado pero pese a ello más de 150 familias habían ocupado ya sus viviendas.

El PSPV considera “un atropello” la retirada de los avales bancarios de forma que el Ayuntamiento “pierde toda fuerza legal para obligar a Fadesa a finalizar las obras de urbanización en el plazo previsto y una vez más la alcaldesa se ha plegado a las exigencias de una empresa en suspensión de pagos en lugar de defender los intereses de los futuros habitantes de las viviendas”. El PSPV duda de que la empresa pueda cumplir sus compromisos con los compradores pues ha dado muestras de que no es absolutamente fiable.

El PSPV remarca que el acuerdo de la alcaldesa “deja sin ninguna obligación a la empresa privada para terminar las obras de urbanización, sólo tienen un compromiso verbal ya que, paradójicamente, han devuelto el aval antes de concluir las obras aprobadas en su momento”.

Las 450 viviendas están construidas sobre una extensión de unos 300.000 metros cuadrados de extensión, en un enclave rodeado de campos de naranjos que ha provocado un enorme e irrecuperable impacto visual en la zona, además de contar con una carretera de acceso que no supera los 5 metros, algo totalmente inadecuado y tercermundista.