El PSPV reclama la eliminación de la paga extra de los 5 concejales del PP con un salario público
El grupo socialista pide a la alcaldesa que se solidarice con los funcionarios
El PSPV de la Pobla de Vallbona ha reclamado a la alcaldesa que apruebe la eliminación de la paga extra de navidad que hasta ahora cobran, puntualmente, los 5 concejales del Partido Popular con una dedicación exclusiva. La propuesta busca una solidaridad de los ediles populares con los funcionarios que, a partir de la próxima navidad, no tendrán la tradicional paga extra tras los recortes impuestos por el gobierno de Rajoy.
El PSPV recuerda que el coste de los 5 ediles con una dedicación exclusiva supera los 200.000 euros anuales, una cantidad importante para una población de poco más de 20.000 habitantes pero con una deuda municipal que ronda los 12 millones de euros y unos déficits presupuestarios de 4'5 y 2'8 millones en los ejercicios de 2010 y 2011, respectivamente. El recorte de la paga extra de los concejales supone un ahorro superior a los 10.600 euros en total.
El portavoz del PSPV, Jaume Cortina, ha reclamado al equipo de gobierno "a dar ejemplo ante los empleados públicos que han visto mermado su poder adquisitivo y sus retribuciones económicas de forma alarmante en más de un 10% en los poco más de 8 meses de gobierno del Partido Popular bajo la presidencia de Mariano Rajoy, mientras que en la Pobla los concejales del equipo de gobierno han mantenido sus emolumentos en los mismos parámetros pese a disminuir en más de un 60% los ingresos por la actividad urbanística".
El PSPV considera que la renuncia de los 5 ediles a la paga extra "es un gesto que debe darse en una época de graves dificultades económicas como la actual en la que los ingresos han caído de forma notable en los ayuntamientos mientras que todas las partidas de los gastos no se han recortado en la misma proporción, como es el caso de las partidas de protocolo, representación y retribuciones de los altos cargos". Paralelamente, el consistorio vallbonense ha aumentado en un 3'73% los impuestos directos tras la revisión catastral aprobada conjuntamente por el ayuntamiento del PP y el gobierno de Rajoy.
