Cortina: "El cierre del IVVSA deja sin vivienda pública a las 49 familias desalojadas de un edificio en ruinas"
El cierre del instituto valenciano de la vivienda (IVVSA) decretado por la Generalitat debida a las deudas y la política de recortes del Partido Popular tendrá drásticas consecuencias sobre las anunciadas viviendas de protección oficial previstas en junto al polideportivo municipal.
La comisión territorial de urbanismo de la Generalitat aprobaba a finales de noviembre del año 2010 el proyecto para urbanizar una extensión de 103.500 metros cuadrados de terrenos junto al actual polideportivo en el que estaba previsto construir un total de 970 viviendas de las que el 10% -unos 95 pisos- serían de protección oficial destinado a las familias y colectivos con menores recursos económicos y mayores dificultades de acceso a una primera vivienda.
El portavoz del PSPV, Jaume Cortina, ha criticado la decisión de la Generalitat de desmantelar este organismo público "por culpa del despilfarro y las políticas equivocadas de grandes eventos llevadas a cabo durante los últimos años por la Generalitat ya que han supuesto unas enormes dificultades económicas que, al final, padecerán las familias y los colectivos con mayores problemas financieros sin que hayan tenido nada que ver en los mismos".
De hecho, una de las medidas que quería llevar adelante el ayuntamiento de la Pobla con las futuras 95 viviendas era reubicar en ellas a algunas de las 49 familias que vivían en el antiguo edificio de la Cens y que se desalojó por las deficiencias estructurales y el avanzado estado de deterioro que ponía en riesgo la integridad física de sus propietarios.
La alcaldesa se comprometió, de hecho, con las 49 familias a buscarles una nueva vivienda a cambio de las que cada una de ellas poseía en el edificio de la Cens que, de esta forma, pasaría a propiedad municipal con el objetivo de rehabilitarlo para albergar diversos servicios públicos.
El PSPV ha solicitado al gobierno local a buscar nuevas soluciones a la problemáticas que se plantea a las 49 familias con el cierre definitivo del IVVSA ya que en un futuro se quedarán sin una viviendas digna por la política errática de la administración autonómica que deja sin margen de maniobra a un ayuntamiento con una importante deuda pública -situada en 12 millones de euros- y sin recursos propios suficientes para ejecutar un plan de urbanístico similar que sirva para realojar a estos colectivos.
