CSI·F alerta de los 525 incidentes registrados en la prisión de Picassent en ocho meses
El sindicato CSI·F alerta de los 525 incidentes registrados en el Centro Penitenciario Antonio Asunción Hernández, ubicado en el término de Picassent, durante los primeros ochos meses de 2016. El sindicato considera que esta elevada cifra podría reducirse con un incremento de la plantilla de trabajadores y con una actuación más decidida por parte de Instituciones Penitenciarias para velar por la seguridad de sus empleados.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) señala que la reducida oferta pública de empleo y la falta de concursos de traslados han ido provocando una merma de plantillas. Esta situación de escasez de trabajadores se produce de manera paralela a la carencia de una regulación especial del protocolo frente a la violencia en el trabajo. También ante “la pasividad” de Instituciones Penitenciarias para actuar contra las amenazas, calumnias o injurias que sufren algunos empleados públicos de la prisión.
CSI·F explica que de los 525 incidentes regimentales registrados en Picassent entre enero y agosto del presente año, 192 fueron de carácter leve; 201, graves; y 135, muy graves. El sindicato relata que este tipo de percances abarca desde actos de desobediencia por parte de presos ante instrucciones recibidas por empleados públicos hasta agresiones físicas sufridas por estos últimos en el ejercicio de su actividad.
El sindicato indica que la población de reclusos, que ronda las 2.300 personas, no desciende, al contrario de lo que ocurre en otras prisiones. En cambio, la plantilla de funcionarios, con alrededor de 900 efectivos, se ha ido reduciendo progresivamente en los últimos años debido a jubilaciones, traslados y a la escasa oferta de empleo público.
La central sindical reclama a Instituciones Penitenciarias una oferta pública de empleo acorde a las necesidades actuales. CSI·F señala, a modo de ejemplo, que faltan 90 funcionarios de servicio interior para cubrir el mínimo necesario. Esta situación provoca que algunos módulos con 150 presos sean controlados por dos y, en ciertos casos, incluso por un empleado público. La precariedad se agrava en verano, con los turnos de vacaciones.
