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El PP denuncia que Marlaska “mire hacia otro lado” ante la grave situación que sufren los funcionarios de instituciones penitenciarias

El PP denuncia que Marlaska “mire hacia otro lado” ante la grave situación que sufren los funcionarios de instituciones penitenciarias
  • El PP se reúne con el sindicato ACAIP en su ronda de contactos con los representantes de los funcionarios de prisiones

El Partido Popular ha denunciado que el Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska “mire hacia otro lado” ante la grave situación que se vive en instituciones penitenciarias de la Comunitat Valenciana. “Debería ponerse a trabajar para explicar por qué está habiendo un aumento en el número de presos en Picassent y por qué no se hace nada ante las vejaciones y agresiones que sufren muchos funcionarios”.

 Así lo han trasladado hoy el senador del Partido Popular, Fernando de Rosa tras mantener una reunión junto a los diputados nacionales Vicente Betoret y Luis Santamaría, con el sindicato de prisiones ACAIP para analizar la situación de los funcionarios de prisiones que en las últimas semanas han vivido situaciones de excepcionalidad en las cárceles de la Comunitat Valenciana.

De esta manera, los representantes sindicales en la cárcel de Picassent han denunciado las “pésimas” condiciones laborales de este colectivo y el estado de la cárcel, sobre todo el módulo donde están los internos clasificados de primer grado. El PP se ha hecho eco de la insalubridad en la que han tenido que trabajar estos funcionarios, mucho de los cuales han padecido infecciones y ha denunciado la falta de personal en las dependencias sanitarias del centro para atender a los internos y a los funcionarios. “El ministro tiene que dar la cara y explicar el hacinamiento que sufre este centro, la falta de personal y las condiciones de inseguridad e insalubridad en las que trabajan los funcionarios”.

Una reunión que se enmarca en la batería de encuentros que los populares están manteniendo con diferentes representantes sindicales para escuchar de primera mano las urgentes necesidades del colectivo y convertirlas en iniciativas parlamentarias tanto en el Congreso, como en el Senado y en Les Corts.

Desde el PP se ha denunciado en reiteradas ocasiones la difícil situación laboral y de seguridad que atraviesan los funcionarios de prisiones, lo que ha llevado al PP a reclamar que sean nombrados agentes de la autoridad para que, de esta manera, las agresiones que sufran no sean tipificadas como delito leve sino grave, ya que, de media, estos funcionarios sufren más de 600 agresiones al año.

Por todo ello, el PP ha presentado una batería de propuestas instando con urgencia al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a hacer efectivas las reivindicaciones del colectivo con el fin de que además de agentes de la autoridad, vean reconocida la equiparación salarial con respecto a los funcionarios de prisiones en Cataluña que realizan las mismas funciones y se mejoren sus condiciones laborales.

Así, el senador Fernando de Rosa ha denunciado cualquier vulneración de los derechos de los funcionarios de prisiones y ha denunciado que el Gobierno todavía no ha respondido a ninguna de las preguntas realizadas por los populares en este sentido.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno “aún no se ha dignado” a responder sobre cuestiones como la necesidad de un plan de formación, a abordar las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones, a tratar el nombramiento de éstos como agentes de la autoridad, a responder sobre el aumento de presos en la cárcel de Picassent, o sobre las medidas que va tomar por las vejaciones que una funcionaria de prisiones de Sevilla 1 ha sufrido por un interno o por la situación de la cárcel de Valdemoro.

Además, el senador De Rosa va a “solicitar la comparecencia del Ministro de Interior para exigir la retirada inmediata de la instrucción que da más credibilidad a la versión de un interno sobre la versión del funcionario de prisiones.” Así, ha tildado de “necesario” que se derogue la instrucción emitida por el Ministerio del Interior por la que “la mera denuncia de un preso tiene presunción de veracidad sin tener en cuenta para nada la versión del funcionario de prisiones”.

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