27 de febrero de 2021 27/2/21

Pérez Garijo se reúne con el Colegio de Registradores para estudiar la reversión de inmuebles públicos inscritos por la Iglesia Católica

Pérez Garijo se reúne con el Colegio de Registradores para estudiar la reversión de inmuebles públicos inscritos por la Iglesia Católica - (foto 1)
  • La consellera de Calidad Democrática anuncia que la Generalitat colaborará con los ayuntamientos para detectar "qué inmuebles constan en los inventarios de bienes públicos"

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, se ha reunido con representantes del Colegio de Registradores de la Comunitat Valenciana para poner en marcha acciones que permitan la reversión de inmuebles públicos que se encuentren en el listado de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica.

Durante el encuentro, las representantes de los registradores y las registradoras han informado de las vías para reclamar inmuebles que puedan estar inscritos indebidamente.

En concreto, han constatado que son principalmente los ayuntamientos los legitimados para realizar estas reclamaciones. Por eso, Rosa Pérez Garijo, ha anunciado que su departamento "colaborará" con ellos para detectar "qué inmuebles constan en los inventarios de bienes públicos" y "preparar la documentación necesaria".

La consellera de Calidad Democrática ha anunciado asimismo que se reunirá con la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, para comprobar las circunstancias y características de cada propiedad y determinar así si son susceptibles de reclamación.

El departamento dirigido por Pérez Garijo solicitó en enero de 2020 el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en la Comunitat Valenciana para comprobar si existían inmuebles que podían revertir en el patrimonio público.

Posteriormente, en el mes de julio, se envió una carta a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, adscrita al Ministerio de Justicia, donde se reiteró esta petición.

En la misiva, la consellera Pérez Garijo argumentaba que el fenómeno de las inmatriculaciones de los bienes inmuebles "ha supuesto el mayor expolio del patrimonio histórico del país por la Iglesia Católica, propiciado por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 que permitió a las autoridades eclesiásticas inscribir bienes a su nombre sin acreditar título de dominio alguno, mediante un procedimiento de auto-certificación".

De hecho, tal y como recoge el escrito remitido al Gobierno central el pasado mes de julio, entre 1996 y 2015 esta posibilidad de autocertificación siguió manteniéndose a través de modificaciones legislativas en 1996 y 1998 "bajo preceptos que difícilmente pueden sostenerse a causa de su inconstitucionalidad".

De hecho, con la modificación de la Ley Hipotecaria en 1998 se permitió la inscripción de bienes públicos expoliados por la Iglesia Católica con una certificación del órgano diocesano correspondiente, "lo que ha derivado en la privación a las valencianas y valencianos de la utilización de estos bienes inmuebles en todo este tiempo, además de perderse la rentabilidad patrimonial que hubiera podido derivarse en beneficio de las instituciones públicas valencianas", afirmaba Pérez Garijo.

Cabe señalar que no es hasta 2015, con la aprobación de la Ley de 13/2015, de 24 de junio de Reforma de la Ley Hipotecaria, cuando queda circunscrita únicamente a las Administraciones Públicas y a las entidades de Derecho Público la facultad de autocertificar la titularidad a su favor de las fincas e inmuebles.

Finalmente, el Gobierno español hizo público el listado de inmuebles el pasado 16 de febrero. De los 35.000 detectados, 912 se encuentran en la Comunitat Valenciana.

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