Pérez Garijo y Joan Llinares acuerdan profundizar en la protección a las personas denunciantes de corrupción

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, y el director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), Joan Llinares, han mantenido un encuentro de trabajo en el que han acordado profundizar en la protección a las personas denunciantes de corrupción.

Pérez Garijo ha afirmado que la protección a las personas que dan este paso "es necesaria porque los denunciantes no se pueden convertir en víctimas de represalias".

La consellera de Transparencia ha subrayado que "si no cuidamos y protegemos a las personas que están dispuestas a arriesgarse para sacar a la luz cualquier irregularidad, fraude o actividad relacionada con la corrupción no será posible extirpar estas prácticas de las instituciones públicas".

Por su parte, el director de la AVAF ha apuntado que "la protección de las personas denunciantes es una cuestión fundamental en la lucha contra el fraude y la corrupción y la Agencia Valenciana es la institución de la Generalitat Valenciana encargada de ofrecer esa protección".

Asimismo, ha destacado que "la colaboración entre administraciones públicas es clave para luchar contra el fraude y la corrupción además de que pueden contribuir a la prevención y creación de una ética e integridad pública".

Cabe señalar que la Comunitat Valenciana es la única autonomía que cuenta con un Estatuto de Protección de la Persona Denunciante. En la actualidad, hay 21 personas acogidas a este estatuto y 11 más que han solicitado esta protección.

Aún así, tanto la Conselleria de Transparencia como la Agencia Valenciana Antifraude han coincidido en la necesidad de perfeccionar los mecanismos de protección para evitar filtraciones que puedan poner en peligro tanto la identidad como la seguridad de cada denunciante.

Un paso adelante en esta línea es la Directiva Europea Whistleblowers de protección de las personas denunciantes de corrupción y de creación de canales seguros de denuncia aprobada en diciembre de 2019, pendiente de convalidación por España.

En este sentido, Pérez Garijo ha asegurado que "a la espera de la transposición de la normativa europea a la legislación española, el Consell y la Agencia Valenciana Antifraude continuarán buscando todos los mecanismos para que el miedo a las represalias no haga desistir a nadie que quiera denunciar la corrupción".