Los sindicatos manifiestan su rechazo unánime ante el cierre de los centros de acogida de Castellón
Esta falta de comunicación y la indiferencia de la Directora General del Menor, Carolina Martínez, ante las peticiones de reunión de los sindicatos, les hace sospechar de una grave “falta de planificación” en una cuestión muy delicada porque “usuarios, trabajadores y familiares viven con la incertidumbre” de conocer el proceso por cauces ajenos, advierten.
Ante este silencio administrativo y valorada la posibilidad de que la Generalitat se replantee el cierre de los centros de acogida “Plana Alta” y “Avenida Valencia”, la Junta de Personal y el Comité de Empresa instan a la conselleria a recibirles para demostrar con cifras y datos en la mano la necesidad real de mantener estos servicios. En este sentido, los órganos integrados por CCOO, USO, CSI•F, Intersindical y UGT han remitido un escrito a Bienestar en el recogen la opinión de los trabajadores y expertos sobre los cierres y manifiestan su oposición al mismo basándose, entre otros argumentos en que, de consumarse, “supondrá el incumplimiento de la ORDEN de 19 de Junio de 2003, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la tipología y condiciones materiales y de funcionamiento de los Centros de Protección de Menores en la Comunitat Valenciana”.
Esta normativa de la propia conselleria recoge aspectos tan básicos como la agrupación de menores por franjas de edades, la atención individualizada, la imperativa necesidad de no masificar o el requisito de separar a los menores por tipos de problemática. Como indican plantilla y sindicatos, la conselleria “está retrocediendo el bienestar de los menores en más de 25 años”, cuando se consiguió desmantelar el centro ‘Sierra Espadán’. Entonces, este centro prestaba el servicio unificado que ahora se pretende para el edificio ‘Verge de Lledó’, situado a escasos metros de la vieja instalación y que paradójicamente se cerró en un aplaudido avance para dar atención personalizada y familiar a los menores en exclusión social, necesitados de medidas de protección por parte de la Generalitat Valenciana.
